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Recién tuvimos noticias en los medios de comunicación de que las instituciones responsables de liderar los subsistemas de educación realizaron sendos congresos. No conocimos de algún congreso del Subsistema de Educación Autonómica de las Regiones Autónomas que, como tal, igual debería realizar. Tampoco del proceso para llegar a esos congresos: agenda abordada, metodología para el análisis, ni quienes participaron; salvo de la Educación Superior que informó que “más de 200 académicos reflexionarían sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH)”.

Seguramente, en el caso de la Educación Básica y Media y EducaciónTécnica, las reflexiones estarían íntimamente vinculadas a sus respectivos planes. En el caso de la primera, con seguridad, se habrán presentado reflexiones y evaluaciones relacionadas a la evolución de objetivos generales, metas, indicadores, objetivos específicos, líneas de acción y estrategias definidos por las autoridades del Gobierno de la República, vía Mined en Plan Estratégico de Educación 2011-2015. En dicho plan, además de los “logros”, se expusieron los “monumentales desafíos” a superar, para lograr la transformación educativa, enfatizando entre otros:

“Ampliar cobertura y mejorar la calidad de la educación en general y particularmente de la Educación Preescolar; culminar con buenos resultados batalla por sexto grado y avanzar en batalla por noveno grado; mejorar índices de retención escolar de quienes ingresan a primer grado de primaria y secundaria; mejorar desempeño de Tasa de Terminación para Secundaria con énfasis en segundo ciclo; atender con énfasis, edades con mayores problemas de Cobertura (3 y 4 años, 16 y 17 años); garantizar continuidad educativa con alternativas flexibles a alfabetizados y profundizar programa de Alfabetización; mejorar Sistema de Evaluación Educativa de maestros y alumnos; Incrementar y fortalecer uso de Tecnologías Informáticas aplicadas a educación; revertir rezagos educativos en Costa Caribe desde su pertinencia y contexto; fortalecer Programa de Nutrición Escolar; mejorar y completar Infraestructura escolar para el proceso de enseñanza aprendizaje; dignificar ambientes escolares”.

De igual manera, “fortalecer modelo de Responsabilidad Compartida; promover y fortalecer participación de la familia y comunidad en procesos de transformación educativa; incrementar Desarrollo Humano y Fortalecimiento Institucional del Mined, focalizado en Escuela y Comunidad Educativa; asegurar oportunamente material escolar y fungible de calidad para docentes y estudiantes; implementar sistema de monitoreo y evaluación en tiempo real para toma de decisiones con capacidad de advertir sobre aspectos relevantes del sistema educativo; formación y actualización docente en áreas que impacten en la calidad educativa enfatizando en lectoescritura y matemáticas; mejorar condiciones e ingreso de los docentes; aprovechar temporalidad del bono demográfico para mejorar inversión por alumno y asegurar el incremento de la cobertura; mejorar calidad del uso de recursos financieros”.

Cumplir con todo ello requiere, de mejora sensible de componentes relacionados con la calidad de la educación, expuestos en el artículo 10 de la Ley de Carrera Docente, incluyendo entre otros “el presupuesto educativo”.

En los distintos actores comprometidos con una educación de calidad, hay conciencia por los esfuerzos realizados para mejorar el financiamiento para la educación. Pero igual se tiene claro, salvo parece en algunos casos, que el financiamiento alcanzado es insuficiente para superar los monumentales desafíos que aún tenemos en educación.

El informe de ejecución presupuestaria presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en 2015, expone que “el gasto en educación, como porcentaje del PIB” pasó del 3.7% en 2012 al 3.9% en 2013 y al 4.1% en 2014. Hace 36 años, en 1979, en México, los Estados se comprometieron por medio de sus ministros de educación a invertir al menos el 7% del PIB en cada uno de los países, para la educación. Ahora se habla del 6% y otros hasta del 15%.

Técnicamente, cuando hablamos del financiamiento a la educación como porcentaje del PIB, se hace referencia a lo que las ciudadanas y ciudadanos invertimos en educación vía Presupuesto General de la República que gestionan los gobiernos. Es un indicador de comparación internacional.

Recién asumida su responsabilidad, el Ministro de Educación Miguel de Castilla dijo que, para atender los múltiples desafíos que tenía la educación, había que triplicar el Presupuesto de la República para educación.

Gobiernos locales, familias, organizaciones de la sociedad, iglesias, empresa privada y cooperación que también invierten en educación, igual deberían incrementar ese aporte, para contribuir cada vez de mejor manera, a garantizar el pleno-derecho humano fundamental a una educación de calidad para todos y todas, lo cual, sigue siendo un desafío. Igual sería importante cuantificar las contribuciones en educación de cada quien y de todos y todas en su conjunto.

* Investigador colaborador. IDEUCA.

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