•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • Edición Impresa

La educación es un bien público avalado y demandado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948. Este consenso, no obstante, en muchos países ha sido sustituido por intereses del mercado.

Esta pugna de sentidos y significados, cada día es más intensa, en tanto los sectores más empobrecidos de la Región y movimientos organizados, luchan defendiendo una educación pública de calidad, en la que nadie se sienta excluido.

Desde esta perspectiva la educación no es una dádiva de los gobiernos, sino un derecho natural de todos. Ha de ser, por ello, una reivindicación necesaria que no debe descansar en su lucha, mientras este derecho no se concrete para todos. No vale decir que ya hemos logrado este derecho en tanto la mayoría lo disfruta. Es más, no se trata de limitar este derecho a la infancia y adolescencia en la escuela, se trata de ver su cumplimiento trascendiendo los muros de la escuela, a lo largo de toda la vida, para todos los sectores y edades.

Pero este derecho, generalmente desconocido por padres y madres de familia y la ciudadanía, demanda ser trasparentado en todas sus vetas. No se trata de una educación en abstracto, es muy concreta y se expresa en indicadores precisos, cuyos resultados merecen ser conocidos por todos y no solo por los gobiernos. Tal derecho no es patrimonio ni dádiva de estados ni gobiernos, es de todos y para todos.

Todos los sectores merecen tener acceso a los datos estadísticos que muestran avances y rezagos, por la naturaleza misma de este derecho, y porque la educación es tarea de toda la sociedad, responsabilidad de todos. Cuando el acceso a estos datos se niega a investigadores, se impide comprender científicamente las causas y efectos de la problemática y dinámica educativa, cerrándose los ojos a la toma de decisiones pertinentes, no transparentándose el nivel de cumplimiento del derecho.

Esclarecen este derecho las grandes declaraciones de educación en las que los países han concertado acciones comprometidas referidas a este derecho. Las Cumbres de Educación para Todos de Jomtien (1990) y Dakar (2000) nos han recordado la importancia de activar este derecho. En este mismo año, el Foro Mundial de Educación (2015) (Incheon, Corea del Sur) declara lo siguiente en el punto 18 de la Declaración: “Resolvemos desarrollar sistemas nacionales de seguimiento y evaluación integrales a fin de producir datos sólidos para la formulación de políticas y la gestión de los sistemas educativos, así como para velar por la rendición de cuentas. Solicitamos además a los coorganizadores y los asociados del Foro Mundial sobre la Educación 2015 que apoyen el desarrollo de capacidades de recopilación y análisis de datos y presentación de informes en el plano nacional. Los países deberían esforzarse por mejorar la calidad, los niveles de desagregación y la presentación oportuna de informes al Instituto de Estadística de la Unesco. Solicitamos también que se mantenga el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo como informe independiente de seguimiento de la educación en el mundo, implantado en la Unesco y publicado por la Organización, en tanto que mecanismo de seguimiento y presentación de informes sobre el ODS 4 propuesto y sobre la educación en los otros ODS propuestos, dentro del mecanismo que se establecerá para vigilar y examinar la aplicación de los ODS propuestos”.

Es muy claro este pedido de rigor con que se demanda organizar técnicamente y procesar con responsabilidad y cuidado la información que se recibe de los centros educativos. Trasparentar esta información es parte del derecho a conocer datos oficiales únicos, sin versiones diferentes, lo que contribuirá a que toda la sociedad esté al tanto de avances y desafíos de la educación, como recurso exquisito para que la responsabilidad ciudadana en la educación no solo se incremente, sino también contribuya a colaborar de forma más directa y comprometida con la educación en sus diversas expresiones y niveles. Más allá de cumplir con la Ley del Derecho a la Información, lo más importante es lograr que nuestras instituciones crezcan en la sensibilidad requerida, para que la responsabilidad de la educación sea patrimonio de todos, y no solo de quienes tienen la responsabilidad de dirigirla.

Si como país queremos que todos, sin ambages, se interesen y participen en hacer realidad este derecho con sentido pleno, esta es, apenas, una condición necesaria, aunque no suficiente, pues también existen otros recursos complementarios.

*Ideuca. Educador e Investigador.

Últimos Comentarios
blog comments powered by Disqus