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Todo proceso humano de cualquier categoría, suele tener un ciclo de evolución: un origen, un desarrollo y una conclusión; a partir de ello cambia su naturaleza para subsistir, extinguirse o convertirse en algo distinto. Nada dura igual por siempre.

Las pandillas que están causando niveles extremos de violencia particularmente en El Salvador, son un fenómeno socio-delictivo que agrede e intimida de manera sistemática y organizada, con presencia en amplios sectores marginales urbanos y rurales, cuyo origen es la triple exclusión que los ha llevado a perder sentido de pertenencia, ha evolucionado hacia formas complejas y más agresivas, en parte por la manera errática, reactiva y coercitiva con la que el Estado ha abordado el problema, por la influencia o manipulación del crimen organizado, por la fragilidad institucional y el débil o inexistente consenso político-social para enfrentar la gravedad del asunto desde políticas y acciones incluyentes, proactivas, integrales y sostenibles.

La violencia de las pandillas evoluciona y se manifiesta en cuatro niveles de complejidad o escenarios de conflicto.  La primera se produce entre los miembros de la misma pandilla por el control o el liderazgo interno, por rencillas personales y por el choque de intereses, también por los desórdenes humanos que genera el consumo de licor y drogas. En esta conflictividad se incluyen familiares, parejas íntimas y colaboradores, con quienes se enfrentan por traición, venganza y rencillas.

La segunda es la que se da entre grupos distintos, entre pandillas distintas, principalmente por control del espacio territorial, de los barrios, colonias y cantones en los cuales viven o actúan, por el poder, las armas y demás recursos a los que tienen acceso. La conocida “tregua” acordada en 2012 entre las dos grandes pandillas de El Salvador (Salvatrucha y M18), no era más que una especie de “cese de hostilidades entre los dos grandes grupos delictivos”; trajo colateralmente, durante un año, una reducción de las otras tres manifestaciones de la violencia (interna, hacia la sociedad y hacia el poder público).  

La tercera es la violencia de estos grupos delictivos hacia el entorno social, la comunidad en la cual existen, afectando la convivencia, la libre movilidad de las personas y su integridad física, mediante la extorsión o cobro de renta para que puedan ejercer su negocio o actividad económica, condicionan y afectan la tranquilidad de las personas que habitan o transitan. A pesar de esto, en la práctica existe una especie de “código de vecindad”, las personas que viven en el vecindario, con quienes se conocen, suelen en general, --siempre y cuando no interfieran en la dinámica de esas pandillas--, no ser afectadas por la violencia directa, aunque los extraños o visitantes son objeto de robos y agresiones.

La cuarta expresión de la violencia, en un grado de evolución más complejo y temerario, es cuando las pandillas enfrentan al poder público de manera directa.  No evaden a la Policía sino que intencionalmente la atacan y matan a sus integrantes; confrontan a la institucionalidad estatal de manera evidente. Un ejemplo reciente es imponer el paro de transporte público  bajo amenaza de muerte contra los conductores y sus usuarios, es una especie de declaratoria pública de agresión, no solo contra los particulares, sino en contra del sistema institucional que  confrontan de manera directa y violenta. 

¿Quiénes son los que mueren producto de la violencia de pandillas en El Salvador? Las muertes están vinculadas a las cuatro formas indicadas. Aunque los datos son imprecisos y en general el sistema de registro, con limitada capacidad de investigación criminal, cataloga casi todos los homicidios como vinculados a pandillas, generaliza a la ligera una conclusión ante la limitada  capacidad de individualizar las responsabilidades penales y civiles por el delito cometido.  

A partir de diversas referencias, simplificando y generalizando, es posible apreciar que unas 6 de cada 10 víctimas fatales están vinculadas a la violencia de pandillas (en sus cuatro expresiones), 3 de cada 10 a la convivencia social y comunitaria (violencia intrafamiliar, confrontaciones locales, consumo de licor y drogas, etc.), y 1 de cada 10 a diversas manifestaciones del crimen organizado nacional y transnacional. 

Las pandillas están agotando un ciclo en el que están causando mayor daño. Están llegando a una etapa de “cambios” que es necesario acelerar para extinguir o reducir el fenómeno. Ello solo es posible mediante un pacto social incluyente que supere la marginalidad. Si la raíz del problema radica en una histórica triple exclusión, para sanar la grave enfermedad social no puede obviarse la inclusión como pilar fundamental. La justicia con equidad social es sin lugar a dudas, la base de la paz social.

*Escritor. Especialista en temas de seguridad ciudadana.

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