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Al escribir estas líneas la presión en las calles de Guatemala y a distintos niveles para que renuncie el presidente  Otto Pérez Molina es asfixiante. El ejército ha manifestado que no se va a prestar para ningún rompimiento constitucional como un golpe de Estado y que las Fuerzas Armadas se mantendrán fieles a la Constitución y la institucionalidad. El país centroamericano vive un ambiente de ingobernabilidad con un mandatario debilitado y acostado en el filo de la navaja tras ser señalado por diferentes instancias de ser el líder de una millonaria trama corrupta, que ya se cobró la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti, por lo que un juez ha dictado para ella prisión preventiva.

En medio de este clima de inestabilidad las voces también se alzaron contra el congreso porque originalmente rechazó un antejuicio contra Pérez  Molina y por una iniciativa de ley  que intenta limitar el campo de acción de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que, paradojas de la política, el propio presidente la ha acusado de intervencionista en los asuntos internos del país pese a que él mismo solicitó la extensión  de su mandato. Tras bastidores se dijo que Estados Unidos presionó a Pérez Molina para que aceptara la continuidad de la Cicig o recortarían la ayuda.

El principal aliado del jefe de Estado es el diputado y candidato presidencial del partido Libertad Democrática Renovada (Líder) Manuel Baldizón, que ha responsabilizado a la Cicig de pretender destruir políticamente a su formación luego de que esta señalara a varios legisladores  de la bancada “liderista” de estar involucrados en casos de corrupción. Así, con este entorno enrarecido, cuando la cúpula empresarial, la jerarquía católica, la Procuraduría, la Contraloría y un sinnúmero de sectores organizados han exigido, pedido o recomendado la renuncia del presidente, más de 7 millones de guatemaltecos están habilitados para votar este domingo 6 de septiembre para elegir a un presidente, un vicepresidente, 158 diputados, 20 legisladores al Parlamento Centroamericano y 338 alcaldes municipales.

La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, dijo en tono firme que su experiencia en los tribunales de justicia le brinda una certeza amplia sobre el resultado del juicio que se espera en contra de Roxana Baldetti y el presidente Pérez Molina. “Ellos están muy relacionados, según nuestras investigaciones. “El 1” y “la 2”, “el mero mero”  “la mera mera”, “el dueño de la finca” y “la dueña de la finca”, evidencian una estrecha relación, por eso sostenemos que arriba de Salvador González y Juan Carlos Monzón, está la señora Baldetti y el señor presidente. Esto lo estamos asegurando por la evidencia que  tenemos”, precisó casi como una sentencia definitiva la fiscal.  

El presidente ha reiterado que no va a renunciar, que es inocente. “Declaro categóricamente que rechazo mi vinculación con ‘La Línea’ y de recibir dinero alguno de esa operación aduanera, mi conciencia está tranquila, daré la cara”, dijo durante una alocución días atrás.

Después, en tono retador indicó: “No hay un Línea, son dos. Hasta ahora solo ha aparecido la que recibe, pero no la que paga. Sin duda, enraizada en el sector empresarial”. Varios funcionarios, muchos de ellos con rango de ministro, han renunciado a sus cargos en medio del escándalo que hace crepitar el sistema político guatemalteco.

Muchos analistas consideran que el abstencionismo podría imponerse en los comicios del domingo, porque hay conciencia que las elecciones no van a resolver el problema en los precisos momentos que el país ha entrado a una vorágine de confrontación inédita. Entre tanto, la ciudadanía ha dado su apoyo y respaldo a la labor de la Cicig que llegó a Guatemala desde 2007 para enfrentar el grave problema de estructuras clandestinas y mafiosas que se adueñaron del sistema de justicia para generar ese muro de impunidad que tanto daño le ha hecho al país, decía hace poco Óscar Clemente Marroquín, un columnista habitual del diario La Hora. Los estudiantes de varios niveles también salieron a las calles a exigir la renuncia de Pérez Molina, mientras el comercio cerró sus negocios para sumarse a las protestas.

*Periodista.

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