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En 100 países alrededor del mundo, las mujeres tienen prohibido realizar ciertos trabajos solo por ser mujeres. Más de 150 países tienen al menos una ley que discrimina a las mujeres. Apenas 18 países están libres de toda ley discriminatoria contra las mujeres.

Esto es solo la punta del iceberg de barreras legales a las que se enfrentan las mujeres para  alcanzar su máximo potencial económico. Una nueva investigación del Grupo del Banco Mundial del informe Mujeres, Negocios y la Ley 2016 muestra que en 32 países las mujeres no pueden solicitar un pasaporte de la misma manera que los hombres, o que en 18 países no pueden conseguir un empleo si sus esposos sienten que no será beneficioso para sus familias. Jordania e Irán están entre ellos. En 59 países no existen leyes contra el acoso sexual en el trabajo. Myanmar, Uzbekistán y Armenia están entre los 46 países que carecen de protección legal contra la violencia doméstica. En resumen, la lectura del informe es deprimente si a uno le preocupa la inclusión y la erradicación de la pobreza.

Los países cuyas leyes discriminan a la mujer y no promueven la igualdad de género sufren en materia económica. Investigaciones previas indican que la brecha de género en capacidad emprendedora y participación laboral deriva en pérdidas de ingreso que se estiman del 27% en Medio Oriente y África septentrional, 19% en Asia meridional, 14% en América Latina y el Caribe y 10% en Europa. Estas son pérdidas que muchos de estos países no pueden permitirse, en particular aquellos que enfrentan niveles elevados de pobreza.

También hay buenas noticias: países como Bangladesh están fomentando la participación femenina en la fuerza laboral. Si mantienen el rumbo, su fuerza laboral femenina crecerá de 34 a 82% en la próxima década, agregando 1.8 puntos porcentuales a su PIB. En la década de 1990 muy pocos países tenían leyes que protegían a las mujeres de la violencia; ahora 127 las tienen, aunque sea parcialmente, ya que el mundo tiene más conciencia del costo humano y económico del maltrato a la mujer.

Cuando se les permite a las mujeres trabajar en una profesión de su elección, cuando tienen acceso a servicios financieros y cuando están protegidas, por ley, de la violencia doméstica, no solo se encuentran empoderadas económicamente, sino que viven más. Cuanta más influencia tengan sobre el ingreso del hogar y cuanto más participen de la economía, cuanto mayor será la cantidad de jovencitas que asisten a la escuela secundaria y los beneficios para sus hijos, comunidades y países. De hecho, cada año adicional de escuela primaria eleva el salario ulterior de una joven de 10 a 20%, mientras que un año adicional de escuela secundaria lo hace entre 15 y 25%.

Los críticos argumentarán que algunos países con leyes específicas de género tienen muy poca capacidad de hacerlas cumplir. Si bien esto es cierto, tener un mayor número de leyes de igualdad de género se asocia a un mejor estado de derecho. Las cortes especializadas en casos de violencia de género pueden ayudar a brindar una acción judicial efectiva. En Brasil, la Ley María da Penha estableció la creación de juzgados para la violencia doméstica y familiar.

Si bien las mujeres en la región de América Latina y el Caribe aún enfrentan muchos obstáculos a su avance económico y siguen sufriendo altos niveles de violencia por parte de sus esposos o parejas, ha habido avances.

Del lado positivo, Perú introdujo leyes nuevas que cubren el acoso sexual en espacios públicos. Y Jamaica derogó una restricción sobre trabajo nocturno femenino implantada en 1942. México elevó las cuotas de género en listas partidarias en las elecciones para distritos federales y también introdujo el requisito de que candidatos masculinos y femeninos se alternen en las listas.

El sector privado también se beneficia. Una encuesta de 6,500 empresas multinacionales mostró que las organizaciones donde las mujeres tienen una mayor representatividad en sus directorios son menos propensas a sufrir escándalos de sobornos o fraude. Sin embargo, y de manera sorprendente, apenas nueve países tienen leyes que obligan a que haya al menos una mujer en el directorio de toda empresa que cotice en bolsa.

El vínculo entre la lucha contra la pobreza e igualdad de género es estrecho. Es por esto que trabajamos junto a muchos países para abordar los obstáculos de género. Hemos trabajado con países como Côte d’Ivoire en la remoción de disposiciones legales que discriminaban a la mujer. En la República Democrática del Congo asistimos al gobierno en la redacción de un nuevo código familiar que elimina las restricciones a la participación de la mujer y mejora el clima de negocios para ellas.

Los diseñadores de políticas tienen una opción. Pueden hacer uso de la enorme evidencia que demuestra los beneficios económicos de la igualdad para eliminar de su sistema toda ley que discrimine a la mujer. O pueden seguir con el statu quo y condenar a sociedades enteras a ser más pobres de lo que deberían ser.

*Gerente general de operaciones y directora gerente del Banco Mundial.

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