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Como mujer, como madre y como psicóloga, decidí integrarme al Comité Promotor de la Iniciativa de Ley para la interrupción del embarazo por causa de salud y quiero compartir las razones que me impulsan a defender el derecho de las niñas, las adolescentes, jóvenes o adultas a tener la oportunidad de elegir, de manera consciente e informada, si desean continuar o no con un embarazo impuesto por una violación sexual.

Mis razones se remontan al año 1992, cuando tuve mi primer contacto personal con esta realidad. Realizaba una investigación sobre el abuso sexual para el Centro Dos Generaciones y entrevisté a varias víctimas, entre ellas a Andrea, de unos 24 años, quien había sido violada a los 11. Ella me contó que vivía en Sébaco, y que una tarde, cuando regresaba de vender tortillas, pasó por un predio donde parqueaban camiones, un hombre la interceptó y la llevó a la parte de atrás de una rastra, donde estaban otros dos tipos esperando. Luego de someterla físicamente, los tres hombres la violaron varias veces hasta dejarla casi inconsciente.

Producto de esa violación, Andrea quedó embarazada. En su familia no le creyeron y, como castigo, la mandaron a servir como “hija de casa” donde una tía en Managua. Cuando la conocí, el niño tenía doce años, ella continuaba viviendo con la tía, a quien ayudaba con los gastos lavando y planchando ropa ajena. Me contó que nunca quiso que le dijera mamá, (él le decía mamá a la tía abuela), pues no quería recordar que era suyo, prefería verlo como su primo.

Con los ojos llenos de lágrimas me dijo: “Nunca voy  a poder olvidarme de lo que me hicieron esos hombres, por eso al niño yo no puedo quererlo”. ¿Quién puede juzgarla? Nadie que no haya experimentado en carne propia la violación, debería atreverse a juzgar los sentimientos de una mujer que ha sido despojada de su voluntad, del más elemental de los derechos, como es el derecho a la integridad física, sexual y emocional.

A lo largo de mi vida profesional he conocido una gran cantidad de casos de niñas, y adolescentes violadas por sus padres, tíos, padrastos, amigos, novios. Ninguna tuvo culpa de la violación. ¿Por qué ellas tienen que pagar las consecuencias?

Esta Iniciativa Ciudadana de Ley, justamente lo que propone es devolver --al menos en parte--, el derecho de las víctimas de embarazo impuesto a decidir sobre su vida futura, y cómo enfrentar de ahí en adelante las secuelas de la violación en su salud física y emocional, en su desarrollo social y en su vida familiar.

En el Comité Promotor de la Iniciativa Ciudadana de Ley estamos personas de distintas profesiones y experiencias, e incluso de ideologías políticas, pero nos unimos en base a un interés, el interés por la vida y la salud de las mujeres, las niñas y las adolescentes de Nicaragua. Y cuando hablamos de la defensa de la vida y de la salud, estamos hablando más allá de la mera existencia física, hablamos del derecho huamano a una vida plena, enriquecedora, que permita el desarrollo del potencial y al disfrute de una vida de calidad.

Quienes se oponen a la interrupción del embarazo argumentan que las niñas, adolescentes y mujeres adultas violadas “deben parir” porque (el feto en este caso) no tiene la culpa.  Pregúntense por favor: ¿qué culpa están pagando los miles y miles de niños y niñas que sufren hambre, maltratos y abandono en nuestro país? Los índices de impunidad ante los delitos de violencia sexual se multiplican, mientras los hombres embarazan y se van tranquilos sin culpas, negando a sus vástagos, y escondiéndose para no pagar la pensión alimenticia.

Por Andrea, y por tantas otras niñas y mujeres que hoy cargan con la pena de tener que ser madres a la fuerza, me siento obligada a hacer algo para que otras víctimas de violación tengan más oportunidades legales de tomar decisiones, evitando efectos más devastadores para sus vidas.

*Psicóloga y Máster en Salud Pública.

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