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En julio pasado, se publicó en un diario nacional una relación del suscrito sobre El Recurso de Amparo en Nicaragua; y previendo que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desestimaría el recurso de la recurrente, se introdujo también una demanda en la Sala de lo Contencioso-Administrativo por las mismas resoluciones administrativas recurridas, con base en la Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo (LRJCA).

En la interposición del recurso de amparo se cumplieron los requisitos de la Ley de Amparo (LA), los que fueron desestimados tanto por la Procuraduría General de la República (PGR) como por los magistrados correspondientes, cuando su obligación es proteger, no filtrar, los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos frente a las arbitrariedades de los funcionarios públicos.

Sobre la aseveración anterior se puede visitar el sitio web de la PGR http://www.pgr.gob.ni/ (Recursos de Amparo), para constatar el patrón de conducta en la CSJ de declarar el “no ha lugar” de los mismos.

La Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo es una ley ordinaria aunque de orden público, lo que significa que sus disposiciones no son renunciables por las partes en el juicio, con mínimas salvedades, y la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la CSJ, donde se sustancian los juicios de esa naturaleza, debe cumplir con la totalidad de las disposiciones de la LRJCA como deberían hacer los magistrados de la Sala de lo Constitucional en lo que se refiere a la Ley de Amparo. Pero esto último no sucede en la práctica como ya expresado en la relación anterior.

En conformidad con la LRJCA “el objeto de la misma es regular la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, para el debido respeto y cumplimiento del principio de legalidad establecido en el artículo 160 de la Constitución Política de la República, en lo que respecta a la tutela del interés público y los derechos e intereses de los administrados”.

En otras  palabras, la LRJCA es una ley de protección a los administrados en la aplicación de las leyes y disposiciones ordinarias, es decir secundarias a la Constitución Política,  por funcionarios de la administración pública en comparación con el recurso de amparo, el que tiene como objeto la protección de los derechos y garantías establecidos en la Constitución. Y el artículo 5 de la LRJCA dice que “promovido el proceso, el Tribunal [Sala de lo Contencioso-Administrativo] tomará las medidas tendentes a evitar su paralización y a adelantar su trámite con la mayor celeridad posible”.

En ese sentido, la demanda con la petición de compensación por daños y perjuicios causados a la demandante fue introducida a su debido tiempo y a la fecha el proceso está en trámite. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, según el expediente respectivo, vienen cumpliendo con las disposiciones de la LRJCA aunque lentamente.

Con posterioridad a la demanda se sometió a la Sala de la referencia un escrito adicional de ampliación de prueba con base en la LRJCA, adjuntando certificación de la sentencia de la Sala de lo Constitucional por la que se desestimó el recurso de amparo de la demandante, pero en el que se expresó que de haberse “probado” los alegatos del recurso le habrían dado la razón a la recurrente.

El expediente administrativo completo de la institución demandada ya se encuentra en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la CSJ por insistencia de la misma, como dispone la LRJCA, cosa que no hizo la Sala de lo Constitucional en la tramitación del recurso de amparo, estando obligada por la Ley de Amparo a hacerlo.
Se está en espera de la continuación del juicio contencioso-administrativo en la sala correspondiente de la Corte Suprema de Justicia, y los relatos aquí referidos son de orden práctico para cualquier interesado en conocer cómo administrarse en la Corte Suprema de Justicia frente a las arbitrariedades de los funcionarios públicos.
Una extensa relación de este contencioso-administrativo se encuentra en http://humcarri.blogspot.com/ donde se expresa el caso de la demanda en detalle.

*Doctor en Derecho, LL.M.

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