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Las personas Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transgéneros e Intersex, (GLBTI), representan uno de los grupos a quienes sus Derechos Humanos se les han negado como causa del estigma y la discriminación, por ello han tenido que abogar Per Se, poniendo en riesgo su integridad física e incluso el bien jurídico más tutelado: la vida.

Mediante procesos de abogacía e incidencia, han demandado el respeto a sus Derechos Humanos, que si bien se encuentran expresos en las diferentes Cartas Magnas a nivel centroamericano, incluida en los artículos (3) El Salvador; (60) Honduras; (27) Nicaragua y (4) en Guatemala y enfatizando la “Igualdad ante la Ley”, estas no se han respetado.

No obstante, en pro de las garantías de protección para grupos vulnerables, se han creado, modificado y en último caso hasta derogado normas jurídicas a nivel local y regional, cuya vigencia repercutía negativamente en el ejercicio pleno de sus Derechos Humanos.

Estos antecedentes reflejan el interés estatal en mantener un equilibrio de convivencia, mediante la aplicación de normas locales y la adopción de Acuerdos Internacionales que garantizan el respeto efectivo de Derechos Humanos; y en el caso contrario, elevan ante instancias internacionales agravios que ocasiona el NO cumplimiento de esas normas.

De estos acuerdos, se derivan obligaciones ante compromisos que los Estados han suscrito y ratificado respetando el binomio derechos y deberes. Acá anoto algunos que nos competen dentro del proyecto Centroamérica Diferente, Derechos Humanos LGBTI, Derechos Humanos para todas y todos.

En Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala no constituye conducta punible mantener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, ratificado con la firma de la Declaración de la ONU, sobre orientación sexual e identidad de género, presentada en 2008. Año que en Nicaragua entró en vigencia la Ley 641 (Código Penal) que eliminó el delito de Sodomía e incluyó la agravante por discriminación asociada a orientación sexual.

En el 2010, El Salvador, mediante el Decreto Presidencial 56, prohibió la discriminación basada en orientación sexual e identidad de género en el sector público y creó una Dirección de Diversidad Sexual en la Secretaría de Inclusión Social. Ese mismo año, en Nicaragua, se avanzó en el caso de la normativa ministerial del Minsa Nº 671-2014 que sanciona y prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género en las unidades de salud.

En el 2011, a nivel internacional, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la resolución 17/19 sobre orientación e identidad de género, que facilitó la creación del primer informe oficial de Naciones Unidas denominado “Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género”, preparado por la oficina del alto comisionado.

En 2012, Guatemala, participó en una audiencia ante la CIDH, donde solicitó el diseño de políticas e implementación de programas en Ministerios e instancias públicas, por no contar con normas de protección especiales para el colectivo GLBTI.

En el 2015, la CIDH celebró su 154º Período Ordinario de Sesiones; alertó sobre una oleada de crímenes homofóbicos que ha cobrado la vida de 54 personas en América Latina. 

Si bien es cierto, los avances en materia de Leyes y Acuerdos Internacionales, son pocos, se ha abierto una brecha que genera conciencia, y condena los actos por discriminación, violencia y violación a los Derechos Humanos de las personas LGBTI, pero también demanda la adopción de medidas para prevenir, sancionar y erradicar estos actos.

Master en Derecho Procesal y Especialista en Derechos Humanos.

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