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Nicaragua es uno de los países de mayor crecimiento económico sostenido en la región y este año distintas instituciones reconocidas coinciden que su PIB se aumente en términos reales en al menos 4%, pese a la reducción de los precios de algunos de sus principales productos de exportación. Contrasta con esto, el hecho de que Nicaragua es la nación con el menor índice de productividad en Centroamérica, lo cual debería preocupar también a los trabajadores y sindicatos, no solo a los empresarios, porque las remuneraciones salariales y la creación de nuevos empleos están directamente relacionadas con la productividad.

Sin embargo, aún vemos en Nicaragua a grupos sindicales que pretenden imponer exigencias laborales con violencia, destruyendo bienes de empresas privadas sin medir las consecuencias que esto tiene no solo para las empresas, sino para comunidades enteras que son beneficiadas, directa o indirectamente, por las operaciones de plantas industriales u otros centros laborales privados. Son los casos de vandalismo contra la Mina El Limón e industrias en Chichigalpa, que se extendieron contra oficinas y bienes públicos y privados.

La violencia en El Limón fue instigada por tres trabajadores despedidos que, según la compañía B2Gold, tienen “una larga historia de violentar las normas internas, el código de ética y ocasionaron pérdidas económicas a la empresa”. Hayan sido sindicalistas o no, ¿tiene la empresa que aguantar a un empleado que, además de no hacer bien su trabajo, provoca conflictos que afectan a la mayoría?

Si son sindicalistas, con mucha más razón tienen la responsabilidad de ser ejemplo como trabajadores y como ciudadanos que respetan las leyes y los derechos de los demás, porque, se supone, representan a una mayoría de trabajadores en el plantel. Pero es inadmisible que por indisciplina o mal comportamiento de alguien que ostenta un cargo en un sindicato y se ampara en un fuero sindical, centenares de trabajadores honestos y cumplidos paguen las consecuencias, sobre todo económicas, de la paralización de un centro laboral. Y, peor aún, esa violencia también causa daños a miles de familias de comunidades donde, como es el caso en El Limón, al menos ocho mil personas reciben gratis el servicio de energía eléctrica de B2Gold, más otras comunidades a las que da agua potable y cerca de 100 pequeños empresarios a quienes financia para que mejoren sus negocios.

Cada vez que vándalos o sindicalistas violentos atacan la propiedad privada o pública, independiente de cuales razones esgriman para hacer eso, solo consiguen provocar atrasos al país y estos repercuten de forma negativa en miles de familias, incluidas las de ellos mismos, porque las oportunidades laborales y de negocios solo surgen de las actividades del sector privado, y parte del bienestar de una comunidad depende de la gestión de instituciones públicas que a la vez operan con fondos provenientes de los impuestos que pagan ciudadanos y empresarios.

La confrontación y la violencia ya no tienen justificación en un país donde la mayoría de la población quiere progreso y desarrollo, porque representan el retroceso mientras los ciudadanos sensatos quieren avanzar. Las encuestas de M&R Consultores muestran una tendencia clara: Más del 77% de la población nicaragüense considera que el sector privado es el motor del desarrollo económico, y más del 81% opina que el Estado debe promover la inversión privada, dando facilidades al sector empresarial. Necesitamos, por tanto, hacer prevalecer el diálogo.

 

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