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No es lo mismo, para la Policía y el Estado, enfrentar el delito de uno o dos individuos que provocan daños intencionales o actúan de manera irracional contra otras personas y sus bienes, y al crimen organizado que ejecuta acciones premeditadas, que el disturbio espontáneo desencadenado por un grupo comunitario, a veces sin liderazgo definido o improvisado, que moviliza la inconformidad local activada por algún detonante circunstancial. Aunque todas, en última instancia, son problemáticas sociales que requieren respuesta inmediata, soluciones integrales y sostenibles más allá de la acción policial y penal, la última, por su naturaleza distinta, adquiere otra connotación, requiere un abordaje socio-político.

La seguridad ciudadana no es homogénea en el país, hay lugares y segmentos poblacionales con mayor riesgo objetivo y mayor percepción de inseguridad que la media nacional que sigue siendo favorable y presentando ventajas comparativas en este ámbito. La seguridad ciudadana en sentido amplio, no está determinada únicamente por factores delictivos, hay otros aspectos socioeconómicos, culturales e institucionales, de confianza, comunicación y convivencia, que la afectan.

Puede haber en disturbios sociales violentos: manipulación, desinformación, ignorancia y falta de credibilidad, es posible que “la carencia extrema que se vive en algunos ambientes que no poseen armonía, amplitud y posibilidades de integración facilita la aparición de comportamientos inhumanos y la manipulación de las personas por parte de organizaciones criminales” (Laudato sí; papa Francisco). El diseño de las ciudades cuando olvida a la persona, el crecimiento urbano desordenado e improvisado, la carencia de espacios públicos sanos, la explotación indiscriminada de los recursos naturales, la gestión empresarial con insuficiente enfoque a la problemática social, la falta de trabajo, la inequidad social…, generan conflictos en la convivencia humana. El Papa escribió: “el paso cotidiano del hacinamiento al anonimato social que se vive en las grandes ciudades puede provocar una sensación de desarraigo que favorece las conductas antisociales y la violencia”.

Durante la última década en Nicaragua se han conocido algunas alteraciones al orden público provocadas por pobladores que enfrentaron a las autoridades locales, particularmente a la Policía Nacional --instancia inmediata que recibe la confrontación social--, destruyendo instalaciones, medios de transporte y patrullas, afectando la integridad de las personas y ocasionando muertos. Enumero ocho incidentes: La Paz Centro (septiembre 15 de 2008), Catarina (mayo 26 de 2010), Bilwi (enero 27 de 2011), Chichigalpa (julio 7 de 2010; el reciente: octubre 7 de 2015), Waspam (septiembre 2015), Mina El Limón, Malpaisillo (octubre 6 de 2015) y Bonanza (mayo 6 de 2015). Los tres primeros fueron mostrados en la monografía Seguridad Ciudadana 1998-2010. Nicaragua: Riesgos, Retos y Oportunidades (2011; PNUD).

En la brevedad que apenas permite referir el asunto, identificamos en los ocho acontecimientos: a) cuatro en el Occidente de Nicaragua y tres en la Región Autónoma del Caribe Norte, focalizados en territorios cuyas tasas delictivas están debajo de la media nacional, b) en cuatro: Chichigalpa (2), Bonanza y Mina El Limón, la población organiza su vida alrededor de una empresa privada cuya influencia económica, política y social es determinante, quizás las instituciones estatales requieren mayor beligerancia en su función reguladora, el poder político-económico de dichas empresas es real, c) en los tres casos de la RACS no pueden obviar el carácter multicultural y de autonomía del territorio cuya complejidad, con frecuencia, es incomprendida desde el Pacífico nicaragüense.

En los casos mencionados hubo un incidente inmediato que encendió el disturbio. Ello solo es posible si se acumulan tensiones locales que ocasionan una explosión de inconformidad social que altere el orden interno y causa daños lamentables, además del efecto en la percepción nacional, el perjuicio económico y el deterioro de confianza.

Sin perjuicio de las responsabilidades individuales por los delitos cometidos según la obligación del sistema penal (investigar, acusar, juzgar, sancionar), es necesaria una valoración amplia y ponderada de causas y circunstancias que permitieron (y pueden permitir en el futuro), que tales desórdenes ocurran. Un análisis sociológico y político, que no obvie los antecedentes, el comportamiento institucional local, los conflictos de convivencia que quizás no han sido abordados ni resueltos y se acumulan, ni las necesidades fundamentales insatisfechas de los pobladores. Es probable que la raíz del asunto esté en la carencia de mecanismos de alerta temprana para el abordaje y solución de los problemas de convivencia entre los habitantes y de ellos con las instituciones, la confianza y credibilidad hacia las instituciones, la coordinación interinstitucional para atender los problemas, entre habitantes, empleados y empresas del territorio, de las personas con el medioambiente. No es cierto que un problema de este tipo surja de repente, es posible que no identifiquemos anticipadamente las señales y nos percatemos cuando en un momento determinado se hacen evidentes las consecuencias de violencia que trascienden y se prolongan.

*Escritor. Experto en temas de seguridad ciudadana.

 

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