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En Nicaragua, la primera ley de consumidores se dio en 1980. Se conoció como el Decreto No. 323 y tenía once artículos. Catorce años después, en 1994, se publicó la segunda, llamada Ley de Defensa de los Consumidores o Ley 182, en La Gaceta del 14 de noviembre de ese año, y su reglamento llegó en 1999, con el Decreto 2187.

La Ley 182 definió lo que se entiende por consumidor: “Es toda persona natural o jurídica que adquiera, utilice o disfrute como destinatario final bienes, productos o servicios de cualquier naturaleza” (Arto.4, inc. a). Su Reglamento, básicamente mantuvo lo mismo (Arto.2, inc. e).

En julio de 2013, a los 19 años de la segunda ley, fue aprobada la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias o Ley 842, que sí diferenció entre consumidor y usuario como palabras de contenidos diferentes, que la primera ley no hizo.

Sin embargo, permaneció aún la confusión entre “persona jurídica” y “persona natural” como consumidor: “Persona natural o jurídica que adquiera, utiliza o disfruta bienes o servicios, tanto privados, como públicos como destinatario final” (Art.5, sobre Definiciones). El Reglamento de la Ley 842 (Decreto 36-2013, del 10 de octubre del 2013) supera el error de ya no repetir una lista de conceptos de palabras que se ocupan en la ley. En la Ley 182 y su Reglamento se repitieron listas de conceptos en la una y en la otra, algo totalmente nmnecesario.

Entramos en la contradicción insoluta sobre el “destinatario final”, algo imposible de concretar en una persona jurídica, pues difícilmente veremos a una persona jurídica injiriendo medicamento, comida, usando un jabón, o bien, apagando una bujía y quejándose del precio del agua o de la luz, o ser usuario de servicio de transporte y subir en un bus, usar prendas de vestir, hacer fila como usuario bancario y una larga lista de etcéteras, simplemente porque son una ficción jurídica con las que trabajamos necesariamente en Derecho, no personas físicas.

El Derecho de Consumo surge dentro de los derechos constitucionales de tercera generación Los Derechos Humanos y su defensa (Iván Escobar Fornos), para proteger la colectividad humana y no tiene nada que ver en su esencia con la persona jurídica. Todo se debe a una tendencia de corriente española en la buena intención de proteger a las pequeñas empresas ante el gran capital. Lo que es justo y necesario, más no lógico de incluirlo dentro del Derecho de Consumo. Existiendo otras ramas del Derecho que tienen la naturaleza y principios como para tutelar a estas personas jurídicas más frágiles de manera efectiva.

Al confundirlos, identificamos el interés de protección del Estado en un ser humano, igual al de protección de una persona jurídica (por ejemplo, una microempresa) que actúa con interés pecuniario en prestación bienes y servicios. Lo que no es verdad. Igual se confunde el papel en que actúa esa microempresa, dependiendo de la conveniencia: hoy como consumidor ante un proveedor (otra empresa), mañana como proveedor para gozar de beneficios como empresa, y así la lista de confusiones y roce de papeles ante mercado y Constitución.

¿Consumidora o proveedora? La tarea de no saberse en qué carácter actúa, distorsiona las relaciones y corrompe el verdadero sentido de este Derecho que busca proteger al ser humano (destinatario final) con derechos y garantías constitucionales.

Es de salud jurídica, de ordenamiento sistémico, hacer tal diferencia de elementos de naturaleza tan distinta y dispar. La justicia de proteger a las microempresas es loable, más no es aquí donde corresponde su protección.

La confusión continúa al tener que determinar el órgano que debe actuar en la tutela de los derechos que se alegan en su  favor; si la Diprodec (en el tema de consumo), o Procompetencia, con la Ley 601 o Ley de Promoción de la Competencia.

España nos influyó en esta redacción. Pero ahora existe la Dir. 2011/83/UE, conocida como Directiva sobre Derecho de los Consumidores (DDC) en la Unión Europea, que mandató la armonización y aplicación en los ordenamientos nacionales antes del 14 de junio 2014 en varios temas, entre ello que deberá entenderse en el ámbito comunitario consumidor “siempre persona física” (Art.2.1.,DDC), debiendo España ajustar su normativa de “persona física o jurídica”, solo a “persona física”.

Toca ahora a la Asamblea Nacional, analizar si haremos la corrección de ley en Nicaragua, reforzando con ello el Derecho de Consumo como un Derecho Humano.

*Abogado, Máster en Derecho Local y catedrático universitario.

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