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Parte II de II

En 2010 fue promulgada la Ley de Seguridad Democrática de la República de Nicaragua (Ley 750; 18 artos.). Indicó la finalidad de contrarrestar “factores adversos a la seguridad humana, democrática e interna de la Nación, por medio de previsiones y acciones en beneficio de la consecuencia y mantenimiento de los intereses supremos de la Nación”, creó el Sistema Nacional de Seguridad

Democrática del que son parte: Ejército, Policía, Procuraduría, Ministerio Público, Migración, Aduanas, Sistema Penitenciario y otros, coordinado por el Presidente, como Secretaría Ejecutiva, la Dirección de Información para la Defensa del Ejército de Nicaragua.

Cinco años después, el Ejecutivo remitió al Legislativo la iniciativa: Ley de Seguridad Soberana de la República de Nicaragua (21 artos.) que derogará la anterior, pero en esencia preserva lo indicado, modifica redacción y agrega, entre otros asuntos, la finalidad de buscar “la unidad del país en fe, familia y comunidad”, involucrando a trabajadores, empresarios, productores y a la sociedad en su conjunto, “mediante políticas de alianza en beneficio del país”, identifica, además de las amenazas indicados en la vigente ley, los riesgos, enuncia iguales principios, y agrega “Prohibiciones” (arto. 13; 7 incisos) --no incluidas antes--, entre ellas: no ejercer espionaje político, no realizar uso de fuerza o intimidación para recolectar información, no interceptar comunicaciones sin autorización judicial competente, ni trasgredir derechos humanos y garantías constitucionales.

En mi opinión la actual ley es suficiente siempre y cuando los mecanismos (organización y funcionamiento) institucionales sean efectivos, la nueva norma introduce elementos útiles. La predisposición de sectores políticos genera tensiones infundadas que desgastan la dinámica política-social-económica del país. Una reforma es factible, agregando el artículo 13, por ejemplo, y otros enunciados preliminares. El presunto retiro o revisión de la propuesta por quien la envió a la Asamblea, expresa prudencia, es posible un ajuste a la regulación vigente y atender con serenidad la necesidad del país, aunque el cambio de nombre de la ley anterior conlleva a formular una nueva norma.

Un instrumento jurídico es decisión política del Estado, expresa la voluntad de fortalecer una visión de nación, es derecho legítimo de la mayoría perfilar un enfoque e impulsar un programa; debe considerar los derechos y temores de las minorías, aunque sea dispersa y contradictoria, siempre que no atenten contra la naturaleza y propósitos del Estado. Todo siempre tendrá argumentos a favor y en contra, aparte de pasiones y exabruptos. Al conocerse la propuesta, cuyo fundamento existe en la Ley 750, hubo reacciones que denotan preocupación, desconocimiento y principalmente prejuicio, confirma que el problema no es el contenido sino la desconfianza, es “efecto halo”, según Daniel Kahneman, error común por predisposición.

 

*Escritor. Experto en temas de seguridad nacional.

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