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La educación es, ante todo, un proceso complejo de comunicación y diálogo entre instituciones, organismos, dirigentes, docentes, familias y actores sociales en general. Esta interacción, en tanto logre producirse, proporcionaría a la educación legitimidad y credibilidad, a la vez que las instituciones y organismos sociales ampliarían sus niveles de responsabilidad y compromiso con la educación de la niñez, adolescencia y juventud. 

En la medida que este vínculo e interacción se distorsione o pierda, se alejará más la oportunidad de convertir la educación en punto de confluencia y encuentro social, hasta el punto de convertirla más en polo de exclusión y no de inclusión.

La educación no se debe a sí misma sino al país, al partido y a la sociedad, sus instituciones y organizaciones. Ofrece la mejor oportunidad a las familias, actores sociales e instituciones públicas y privadas, para incidir en la mejora continua de su calidad, como la mejor contribución que puedan brindar al desarrollo del país.

Para lograr esta sinergia y democratización en la toma de decisiones educativas, en respuesta a las demandas de las familias y la sociedad en general, es de vital importancia que el aparato educativo se abra al país y la sociedad entera sin distingos de ningún género, informándoles con rigor, veracidad y transparencia. 

Un sistema educativo que no se investiga a sí mismo ni posibilita que investigadores independientes también lo hagan, difícilmente encontrará los mejores caminos que demanda el mejoramiento de la calidad educativa. La realización de cualquier investigación sobre la problemática educativa requiere contar con la información necesaria, oportuna y veraz, lo que proporcionará las mejores luces, con base científica, para determinar y entender la problemática educativa, poder analizarla con referentes teóricos actualizados, y aportar caminos y escenarios de mejora o transformación de la realidad educativa.

Cuando la administración educativa se niega a sí misma esta posibilidad, la educación se empobrece, quedando presa de intereses particulares, y condenada a reproducir endogámicamente sus propias debilidades, vicios y errores, negándose a la iluminación científica que provee nuevos caminos para la mejora continua su calidad.

También las organizaciones de la sociedad civil están llamadas a aportar conocimiento, experiencia pedagógica no formal, innovaciones y valores a la educación, mediante la participación efectiva en la gestión educativa. Cuando se niega esta participación, la educación formal se empobrece evadiendo el encuentro enriquecedor de organizaciones civiles que han construido experiencias de educación de gran sentido pedagógico innovador, más cercano a los contextos reales de los más pobres y desprotegidos de la educación formal.

La Constitución de la República y la Ley General de Educación se constituyen en dos referentes obligados que orientan en este mismo sentir. No solo demandan participación de autoridades, docentes y padres de familia en la experiencia educativa, sino que también precisan el papel fundamental que deben jugar las organizaciones sociales en la educación.

Así, en la Ley General de Educación, el artículo 84 establece que “la gestión de la Educación Escolar es concertada, participativa y con flexibilidad”; demanda, a su vez, en el artículo 85 que se debe “incrementar la participación de la comunidad, organismos no gubernamentales, organizaciones sindicales y sociedad civil en la administración del sector educativo”. 

También en el artículo 113 se insiste en que: “La educación en Nicaragua es un proceso que requiere de la participación social. Las organizaciones civiles, las instituciones y empresas públicas y privadas, los gremios, las instituciones religiosas y laicas y, en general, todos los sectores de la Nación, tienen en la educación intereses, objetivos y responsabilidades ineludibles”.

La ley, incluso, va mucho más allá cuando afirma, en el artículo 114: “Todas las organizaciones civiles, instituciones, las empresas y la sociedad civil en general, que por su naturaleza estén relacionadas con la educación, tienen el deber y derecho de participar activamente en la planificación, gestión y evaluación del proceso educativo, dentro de la realidad nacional, pluricultural y multiétnica”.

Tal participación se sostiene en dos pilares fundamentales: la información transparente y la contraloría social.

Desde la primera, la sociedad civil y el país, en general, deben poder contar con la información pertinente, pero también se requiere que la gestión educativa y sus resultados sean debidamente transparentados a toda la sociedad. Ello contribuirá a que, el país entero, esté al corriente de los avances y vicisitudes que tiene su educación, participe más activamente apoyando los programas que corresponden, y se responsabilice mucho más por estos resultados implicándose en procesos de mejora de la calidad educativa.

Por otra parte, la contraloría social, más que percibirla como un posible peligro, debiera de verse como una gran oportunidad de contar con la vigilancia y monitoreo que las organizaciones sociales, padres y madres de familia, instituciones públicas y privadas, y en general la población entera, pudieran ejercer. Sin duda, que ello ayudaría muchísimo a detectar avances, errores, dificultades y proponer soluciones constructivas que mejoren la educación. En general, se lograría en particular, la necesaria implicación de toda la sociedad en la educación, convirtiéndose así, en una sociedad y país en estado de educación. Es mucho lo que nos hace falta, lo importante es que todos tengamos la voluntad de hacerlo.

Ideuca.

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