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El daño ambiental causado al río San Juan por los políticos ticos es un duro golpe al simiente de la moral ambientalista del noble y hermano pueblo costarricense. 

La legislación ambiental tica salvaguardada por un sistema judicial coherente; es una de las pocas que no se ha dejado llevar en su construcción por emociones y pasiones que acompañan la protección del ambiente, pero con la construcción de la carretera a orillas del río San Juan recibió un golpe bajo de la administración Chinchilla.

Al conocerse el hecho surgió una oportuna reacción; a pesar del nacionalismo grupos ambientalistas costarricenses hicieron esfuerzos para  evitar la continuidad de la obra denunciando la violación a los principios del derecho ambiental nacional e internacional; información y consentimiento previo, estudio previo  y permisología, el irrespeto abrupto al “principio precautorio propio del derecho ambiental y por medio del cual se establece como regla que cuando exista peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente”. 

Con la decisión de la Corte --en el caso, construcción de la carretera-- el ambientalismo de ambos países es sacudido de forma contundente, porque el medio ambiente es único y no conoce de fronteras y necesita protección de ambos ordenamientos jurídicos que deben castigar a quien altere y no cumpla con lo establecido.

Ningún tribunal, por muy erudito, conciliador y salomónico que intente ser al dictar una sentencia podrá borrar “el hecho” que la construcción de la carretera en la parte ripícola del río San Juan “alteró, menoscabo, trastornó, disminuyó y puso en peligro inminente y significativo, elementos constitutivos del medio ambiente rompiéndose con ello el equilibrio propio y natural de los ecosistemas” del río San Juan.

Al decir la Corte que Nicaragua no pudo demostrar el “daño ambiental” dejó claro que el hecho punible existe, pero el tribunal desestimó las pruebas presentadas por la defensa del sujeto pasivo (Nicaragua). Sobre todo cuando es evidente la intencionalidad del hecho y aun más agravante cuando se  viola de parte de Costa Rica toda norma jurídica ambiental imperante; interna, bilateral, regional e internacional evidenciando la conducta degradante o contaminante del ambiente de forma totalmente ilícita, al no constar “con los permisos de rigor otorgados por las autoridades administrativas o judiciales y evidentemente sobrepasando los estándares mínimos de tolerabilidad de los ecosistemas binacionales”.

Es posible, “que efectos provocados en este momento sean desconocidos y difíciles o imposibles de conocer”, la dificultad que hoy se ha tenido para probar la certeza de un daño de esta naturaleza no evitará que en un futuro los “efectos sobre la salud y el medio ambiente causados por las alteraciones realizadas se manifiesten” es muy conocido que “la incertidumbre es inherente a los problemas ambientales”, sobre todo para países como los nuestros con limitaciones científicas y  carente acervo en escudriñar secretos jurídicos que fluctúan en telas de arañas de enmarañados laberintos inherentes al derecho internacional ambiental. 

*  Catedrático

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