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No se puede perder lo que nunca se tuvo, peor aún no se puede perder nuevamente lo ya perdido. Tan solo 152 años después de la firma del Tratado de Límites con Costa Rica, un Gobierno en Nicaragua se preocupó por instituir físicamente en el terreno el inicio de la frontera sur y establecer el primer caño que unía a la laguna de Harbor Head con el río San Juan por donde debió discurrir la frontera, tal como decían el Tratado de 1858 y los posteriores Laudos Cleveland y Alexander.

Nunca se sabrá qué pasó con el caño, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ni siquiera consideró analizar su ubicación, simplemente dijo que el “Caño del Puerto” no lo era. Quizás 157 años de sedimentación, la desviación de las aguas del río San Juan hacia el río Colorado en Costa Rica, la deforestación en el Bajo San Juan en su margen derecha por los ticos; el supuesto “acelerado y alarmante proceso de erosión marina, debido al embate de las olas del mar y de las corrientes” y el olvido del río por los gobiernos precedentes al actual, hayan contribuido a que 2.5 km2 de territorio mantuviera el statu quo anterior al inicio del diferendo en 2010.

El 16 de diciembre la CIJ dictó sentencia respecto a la demanda interpuesta por Costa Rica el 18-11-2010 por la supuesta “invasión” de Nicaragua en el extremo oeste de la laguna nicaragüense de Harbor Head. Costa Rica hizo 22 peticiones a la Corte, 13 de ellas (60% de la demanda) subterfugios legales relacionados a lo ya sentenciado en 2009, dragado y navegación; otras 3 peticiones (15% de la demanda) dirigidas a que la CIJ declarara Estado militarmente agresor a Nicaragua. El Tribunal Internacional consideró 6 y rechazó en general 16.

Costa Rica pretendía que la Corte declarara a Nicaragua violador de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza en virtud de las Cartas de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos y de haber ocupado militarmente su territorio; también violador de la obligación de Nicaragua en virtud del artículo IX del Tratado de Límites de 1858 a no utilizar el río San Juan para llevar a cabo actos hostiles. Las dos primeras graves acusaciones fueron consideradas innecesarias de evaluar por el alto tribunal; y en la tercera afirmó que Nicaragua no había violado el Tratado de 1858.

Si bien la Corte otorgó soberanía sobre el “territorio en disputa” a Costa Rica y consideró que al excavar tres caños y establecer la presencia en ese territorio Nicaragua había violado su soberanía, por lo que deberá compensar a Costa Rica por los daños materiales; también ratificó que el inicio de la frontera es en Punta Castilla y que la barra de la laguna de Harbor Head y la costa al noroeste de dicha laguna no estaban en disputa, enterrando así las pretensiones ticas de conseguir una proyección de miles de kilómetros sobre el mar Caribe, al querer cambiar el inicio de la frontera.

Las peticiones oscuras queriendo revivir y traer nuevamente a debate ante el órgano judicial dos temas ya sentenciados el 13-07-2009 fueron (2) respecto a navegación, dirigidas a la derogación de las disposiciones que regulan la navegación en el río del nicaragüense Decreto 079/2009 considerado contrario a sus derechos y (11) relacionadas al dragado, enfiladas a impedir las operaciones nicaragüenses de dragado y obtener de la CIJ derechos que jamás han tenido sobre el río.

El tribunal razonó innecesario interpretar tal decreto, ya que Nicaragua al ser el soberano del río tiene el derecho de regular la navegación; y rechazó las peticiones de no dragar ni ejecutar obras similares; informar y consultarle sobre cualquier dragado, desviación o alteración del curso del río, o cualesquiera otras obras; una evaluación de impacto ambiental transfronterizo y proporcionárselo para emitir observaciones; y notificarle por escrito de más planes de dragado. Además el tribunal enfáticamente le dijo a Costa Rica que Nicaragua no requiere para llevar a cabo su dragado, evaluación de impacto ambiental transfronterizo e inexistencia de obligación en virtud del derecho internacional general para notificar y consultar a Costa Rica respecto a este programa; y en general no ha lugar por improcedente a lo solicitado.

*Abogado.

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