Jaime Rodríguez Arana / Catedrático
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La transparencia en el ejercicio cotidiano del poder público, en cualquiera de sus dimensiones y aspectos es, desde luego, uno de los principales desafíos que hoy tiene planteada la reforma y la modernización del poder público en su conjunto.  Por una parte, porque la transparencia es una exigencia de calidad democrática evidente que hoy en día no es que brille por su presencia en general en la organización y funcionamiento del Poder ejecutivo, del Poder judicial y del Poder legislativo, a pesar de que también existen, es cierto y verdad, instituciones públicas que tienen un bien logrado prestigio en la materia a base de una exigente educación y temple cívico.  Y, por otra parte, porque el derecho fundamental de la persona a un buen gobierno y a una buena administración incluye expresamente el derecho de los ciudadanos a que los Poderes del Estado sean transparentes en su actividad y en la forma en que implementan las políticas públicas, en toda su proyección temporal y en sus diferentes fases: definición, análisis, ejecución y evaluación.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce, en efecto, el derecho fundamental a la buena administración, por supuesto del poder legislativo europeo. Además, la citada Carta garantiza a toda persona física o jurídica el acceso a la documentación de sus tres instituciones básicas: Parlamento, Consejo y Comisión. Es más, el propio Reglamento del Parlamento europeo dispone que la sede del poder legislativo europeo garantizará la máxima transparencia de sus actividades.

En efecto, el poder público es de los ciudadanos. El titular de los poderes del Estado es el pueblo soberano, que encomienda a los actores públicos el ejercicio, la gestión del poder, de forma y manera que quien lo administra en nombre de la comunidad debe permanentemente rendir cuentas de su ejercicio al verdadero soberano del sistema. Por eso, ningún problema debería existir para que los periodistas accedan a algunas informaciones que llevan tiempo demandando del parlamento europeo, como el conocimiento de algunos pormenores relativos al gasto en dietas de los europarlamentarios.

Las razones por las que el parlamento europeo deniega el acceso a la información son las clásicas que utilizan las viejas instituciones, opacas y cerradas a la transparencia. A saber, que la protección de los datos personales de los eurodiputados impide suministrar esa información y que tal tarea supondría una excesiva carga de trabajo, pues llevaría mucho tiempo recopilar todas las facturas correspondientes a las dietas mensuales para sufragar gastos generales y a las dietas de viaje, dietas diarias y fondos para asistentes personales. La protección de los datos personales se proyecta sobre actividades privadas, lo que no es del caso porque estamos en presencia de actuaciones realizadas con cargo a fondos públicos. Y, por otra parte, si alguna tarea es fundamental para las administraciones públicas, también para la del parlamento europeo, es la de facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, y el de acceso a la información lo es.

El problema se encuentra en que los propios eurodiputados han rechazado varias veces que se fiscalicen, que se auditen las dietas para gastos generales que reciben, que ascienden a 4,320 euros mensuales y que están pensadas para atender los gastos de oficina. Pues bien, los eurodiputados no rinden cuentas de estos gastos porque, según se ha dicho, sería más costoso montar un equipo administrativo para auditar estos gastos que su cuantía misma. En fin, sin comentarios. Es inaceptable que los representantes de la soberanía europea todavía a estas alturas se permitan estas prácticas. Impresentable e inaceptable.

 

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