Maryórit Guevara
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  se encuentra preocupada por los resultados del informe ‘Violencia contra personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en América’ que indica la prevalencia de violencia tanto en la vida privada como en la pública de las personas LGBTI, así como la ausencia de una respuesta Estatal eficiente frente a dicha problemática.

El panorama es desalentador y realmente causa preocupación. Imaginen. Una persona con deberes y derechos. Sin oportunidad de estudiar. Obligado a abandonar su hogar. Sin acceso a un empleo formal. Forzado a amar a escondidas. Sin protección legal, ni reconocimiento como parte de una familia. Viviendo rechazo en el sistema de salud. Sin acceso a justicia, excepto cuando es objeto de acusaciones.  

Todo esto en el ‘menos peor’ de los casos, porque el informe de la CIDH indica que las mujeres trans en la región tienen una expectativa de vida entre los 30 – 35 años, antes de suicidarse o ser víctimas de un ‘crimen de odio’, en el que son torturadas y mutiladas en sus últimos minutos de vida, hasta ser descuartizadas. Abominable. Y el escenario puede ser cualquier país de América, por lo que todo indica que esta sociedad americana, “es intolerante e irrespetuosa, y los Estados no crean medidas efectivas para investigar y castigar la violencia por prejuicios”.

Es común que se hagan ‘bromitas’ y ‘chistecitos’, sobre la orientación, identidad y expresión de género de algunas personas que a gran escala se van convirtiendo en exclusión y discriminación hasta perpetrar ‘crímenes de odio’ que van más allá de la víctima directa porque “tienen un impacto simbólico (psicológico y social) y envía un mensaje de terror generalizado” contra las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresión de género no normativas.

Es la realidad que viven las personas LGBTI en América de acuerdo al informe de la CIDH que además resalta la necesidad urgente de los Estados de “adoptar medidas para prevenir, investigar, juzgar, sancionar y reparar dicha violencia”, debido a que hasta ahora hay una “ausencia de una respuesta estatal eficiente”. Quién puede dormir tranquilo cuando ni siquiera el Estado, garante de tus derechos, alza la mano para defenderte.

El informe ‘Violencia contra personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en América’ (puede obtenerlo en: centroamericadiferente.wordpress.com) informa que “once Estados miembros de la OEA de la región Caribe y Anglófono, tienen vigente leyes que criminalizan las relaciones sexuales y otros actos sexuales consensuales realizados en privado entre adultos y un Estado tiene vigente legislación que criminaliza el uso de prendas tradicionalmente asociadas a otro género”.
Y aunque la CIDH en su informe indica que no es común que se inicien procesos penales mediante estas legislaciones, solo la existencia de las mismas envía, desde el Estado, un mensaje en el que se “condona socialmente el abuso”, se reproduce la intolerancia, y son utilizadas para justiciar detenciones arbitrarias, abuso policial, extorsión y tortura.

Hago una búsqueda de información referente a este fenómeno en Nicaragua y es poco lo que encuentro, no obstante, eso no significa que estemos exentos y seamos una mejor sociedad que el resto de países americanos, sino que no existe información documentada sobre este fenómeno pues no se han establecido los mecanismos necesarios para su registro. Y lo digo con conocimiento de causa porque eso que imaginaron, en este texto, es la historia de más de un caso en Nicaragua.

*La autora es Comunicadora del proyecto Centroamérica Diferente.

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