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En Nicaragua, un país que cada día recibe más turistas por su alto potencial en recursos naturales, los transportistas deben ajustarse de forma estricta a las leyes y las normas que se derivan de estas, para garantizar un servicio eficiente y de alta seguridad.

La seguridad personal es primordial para el viajero y los empresarios del turismo, incluyendo a los transportistas que prestan servicios en tierra, agua o aire. Por tanto, se equivocan algunos propietarios o conductores de medios de transporte cuando, por querer ganar un poco de dinero adicional, suben más pasajeros de los permitidos, dan mal mantenimiento a los vehículos o desobedecen advertencias de peligro de las autoridades reguladoras en circunstancias específicas.

Una dura lección, de la que todo el país necesita aprender, es la tragedia de Corn Island ocurrida hace una semana.

Doce personas muertas y una desaparecida, todo por la poca responsabilidad del dueño de una embarcación, quien, por obtener una ganancia inmediata, dejó a un lado las precauciones elementales de un navegante frente al mal tiempo y además desacató la orden de no zarpar que le dio la Fuerza Naval.

Una actitud precavida y apegada a las normas de seguridad establecidas por las autoridades, en este caso la Fuerza Naval, habría evitado esa tragedia que ha enlutado a varias familias, a pesar de que, no lo dudamos, la mayoría de quienes brindan estos servicios en el país sí actúan con responsabilidad y, prueba de ello, es que el accidente de Corn Island es un caso aislado.

Consideramos correcto que la Fiscalía acuse ante los tribunales al propietario de la lancha, para que sea juzgado conforme a la ley, y que el Ejército de Nicaragua haya impuesto medidas más severas para regular el tráfico y las condiciones técnicas de las embarcaciones.

Hace días también fue enviado a juicio el conductor de un bus de pasajeros de la ruta Jinotega-Matagalpa, por causar un accidente desplazándose a alta velocidad. El saldo, seis personas muertas y 71 lesionadas. Estos delitos no pueden quedar impunes, y las condenas en cada caso serán advertencias para quienes tienen la responsabilidad de transportar pasajeros.

Apoyamos, por eso, la decisión de la Policía Nacional de poner GPS en los buses del transporte público para controlar su velocidad, porque así se conseguirá reducir la cantidad de accidentes provocados por conductores temerarios. Costará un poco, pero se logrará, si asumimos que cuando se trata de la vida, las leyes deben ser aplicadas con más rigor.

 

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