Jorge Loáisiga Mayorga
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En su más reciente Informe Anual, la Dirección de  la Defensoría Pública da cuenta que en 2015 un total de 340 defensoras y defensores públicos tuvieron intervención judicial en más de 54 mil acciones judiciales en los 153 municipios que abarcan la geografía nacional.

En el período que se informa, estos 340  servidores públicos atendieron  54,925 causas judiciales, 20,910 en materia de familia, civil y laboral, y 34,015 en materia penal, según las estadísticas citadas.

También atendieron 3,508 mediaciones previas, 56,925 asesorías legales y 3,241 actos notariales.

Además de los datos anteriores,  la Defensoría Pública logró, a través de las demandas judiciales en materia de familia, la restitución de derechos de alimentos para 8,267 niños, niñas y adolescentes por un monto de 25.8 millones de córdobas en concepto de pensiones alimenticias atrasadas, provisionales y actuales.

Estos datos numéricos que, en principio, podrían parecer fríos, son en realidad la prueba elocuente de que la Defensoría Pública en Nicaragua es una realidad tangible en pleno desarrollo y consolidación.

Nacida con la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 260, con autonomía funcional, técnica y profesional y creada tanto para garantizar el acceso a la administración de justicia, como el derecho de defensa de cualquier ciudadano sin capacidad económica de pagar los servicios de un abogado particular, está cumpliendo con su mandato legal.

Es además la  institución del Estado de Nicaragua que cumple con una de las principales líneas estratégicas del Poder Judicial: “Mejorar el acceso a la justicia de las personas de escasos recursos económicos y en situación de vulnerabilidad”.

A lo largo de estos años la institución ha venido fortaleciendo también al Estado Democrático y Social de Derecho establecido en el Artículo 6 de la Constitución Política de Nicaragua.

Así pues, con  16 años de existencia ha garantizado el respeto de derechos y garantías de los usuarios que acuden en demanda del servicio gratuito, que por mandato constitucional esta institución brinda y cumple además con las obligaciones contraídas por la suscripción de distintos instrumentos de derechos humanos.

En el último quinquenio la Defensoría Pública ha experimentado un acelerado desarrollo y crecimiento, con el apoyo del Consejo de Administración y Carrera Judicial (CACJ) de la Corte Suprema de Justicia.

El crecimiento en número de defensoras y defensores públicos ha permitido la ampliación de la cobertura territorial permanente a todos los municipios del país, independientemente de si el defensor está fijo en la localidad o es itinerante.

Como ha dicho la directora nacional la Defensoría avanza hacia la excelencia, para ello debe haber un compromiso de todas y todos los defensores. “No tengo dudas de que en ustedes hay capacidad, pero debemos revisar con qué pasión y compromiso estamos haciendo nuestro trabajo”.

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