Francisco Javier Bautista Lara
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Terminada la guerra que desangró a El Salvador, los Acuerdos de Paz de 1992 permitieron entrar en una etapa esperanzadora de convergencia e institucionalización que no ha podido todavía superar los desequilibrios extremos, la desintegración social ni la reconciliación efectiva, agudizada por las masivas e inhumanas deportaciones procedentes del Norte, a las que en muchos casos, no se ofreció opción de reinserción, sumándose la corrupción pública y privada, la visión no compartida de los actores claves y el insuficiente diálogo social y comunitario para la solución pacífica de los conflictos. Las consecuencias acumuladas de la violencia armada, política, económica y social, las desigualdades y exclusiones, los traumas de guerra, generaron, entre otros efectos, desde fines de la década del setenta, una masiva migración, principalmente hacia Estados Unidos en donde no fueron acogidos y muchos de ellos, los más vulnerables, sufrieron nuevas exclusiones, después del desarraigo de origen, separados del núcleo familiar y del entorno socio-cultural. Hay triple exclusión no resuelta en la raíz de la violencia actual que crece; es una epidemia descontrolada que angustia a la sociedad salvadoreña.

La más pequeña nación de Centroamérica tuvo en 2015 la dramática cantidad de 6640 homicidios, cerca de 100 homicidios por cada cien mil habitantes, superando en 900 a Guatemala y en 1500 a Honduras, país que fue hace poco, el más violento de la Región. El 35% de los homicidios ocurrieron en donde habita el 13% de la población centroamericana. La tendencia en los primeros meses de 2016 observa incremento del 16%.

El Estado ha errado durante estas dos décadas en implementar políticas integrales para abordar el origen, las circunstancias y consecuencias de la violencia delictiva, las duras medidas de violencia institucional han desencadenado mayor violencia, se ha caído en un círculo vicioso pernicioso, las cárceles están llenas, con hacinamiento extremo (300%), aumenta el resentimiento y la descomposición. No solo los centros penitenciarios están saturados, sino también las bartolinas policiales (más de 5 mil detenidos), que más allá de sus funciones preventivas, ha distraído sus capacidades hacia la reacción, con abundantes capturas, cuidando a privados de libertad en condiciones lamentables.  Las cárceles no han solucionado nada. Se dice que 13 mil mareros guardan prisión, incluso los liderazgos de las principales pandillas están presos, desde allí continúan ejecutando acciones criminales. Dicen que hay 70 mil pandilleros sin contar el círculo socio-familiar al que se vinculan. Hay que considerar varios grupos en conflicto, los prisioneros, los pandilleros activos en los núcleos urbanos y rurales, la delincuencia común  y organizada, además la población vulnerable, los miles de jóvenes y niños que desde la marginalidad, se incorporan a estos grupos conflictivos por amenaza, miedo, rechazo o sobrevivencia.

La Policía Nacional Civil aunque tiene en la mayoría de sus integrantes reconocidas capacidades profesionales, superiores a la media latinoamericana, no ha logrado articular una visión y práctica institucional única que responda a la política criminal del Estado, en parte por la fragmentada y contradictoria perspectiva estatal que requiere consensuar un nuevo pacto social por la paz y la convivencia, en consecuencia, las acciones dispersas no logran armonía, integralidad ni sostenibilidad. En la sociedad e instituciones, prevalece la cultura coercitiva y reactiva, ha sido insuficiente la integración social, la solidaridad y la reconciliación, no como un acto emotivo, sino como la impostergable reforma a las estructuras socioeconómicas excluyentes.

Ante la agravada situación actual, el Estado y la sociedad salvadoreña, dado su fin ineludible por el Bien Común, debe enfrentar, -con apoyo internacional-, de manera inteligente, lo que atente contra los derechos fundamentales de sus ciudadanos: la vida, la integridad física, la libertad, etc., es evidente que la delincuencia común y organizada, particularmente en la dramática expresión de pandillas y maras, uno de los productos más tristes de la evolución sociopolítica del país, no solo debería, sino está obligado a utilizar los instrumentos institucionales, legales, políticos, económicos y sociales, nacionales y locales, militares y policiales, administrativos y judiciales, para devolver a El Salvador la paz social. Ojalá lo comprendamos, si no la historia, como hasta ahora, nos develará el error, que la respuesta no es solo coercitiva, es fundamentalmente preventiva, de integración, de desarrollo local, de participación e inclusión. Los actores políticos principales y las instituciones, tienen una vez más la deuda histórica de deponer sus diferencias por el propósito común ante la seguridad ciudadana. Cuando un paciente está en grave crisis de padecer, se debe recurrir a todos los instrumentos válidos y posibles para salvarle la vida a pesar de las contraindicaciones y riesgos que habrá que paliar con precavida serenidad.

¡Tanto sufrimiento! ¡Tantas víctimas y tanto dolor! Rubén Darío escribió con esperanza: “¡Oh Señor Jesucristo! ¡Por qué tardas, qué esperas / para tender tu mano de luz sobre las fieras”. Romero, el mártir que no tuvo miedo a la muerte, ¿dónde estás?, dijo: “ofrezco mi sangre por redención y resurrección de El Salvador, que mi sangre sea semilla de libertad”. ¿Será posible que germine esa semilla que es justicia y paz, equidad y convivencia, seguridad y tranquilidad en el año de la Misericordia y cese la prolongada Cuaresma, la interminable pasión de los salvadoreños?

www.franciscobautista.com

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