Aldo Francisco González M.*
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Aunque pareciera insólito, encontramos aun hoy en día en nuestras Facultades de Derecho quienes estiman que el Derecho Administrativo es casi como una parte procedimental del Derecho Constitucional o un Derecho Constitucional en acción. Hecho que vale la pena abordar --al menos a muy groso modo y superficialmente-- en esta oportunidad. Desde su génesis, ambas ciencias tienen un origen histórico muy disímil, el Derecho Constitucional tiene antecedentes en las primeras civilizaciones humanas. Pues, como ha puesto de relieve en el derecho francés Duverger y Hauriou la existencia de leyes que regulaban las instituciones u organización política de aquellos días implicaba la existencia de un Derecho; mismo que luego florecería durante la Ilustración. Desarrollándose en consecuencia, lo que modernamente se denomina Teoría de la Constitución al igual, que una abundante construcción dogmática sobre las instituciones políticas entre los que descuellan maestros como Lucas Verdú, Biscaretti Di Riffia, Loewenstein o Duguit por citar algunos nombres ilustres. 

Quizás, sea este último aspecto estrechamente relacionado a la Teoría del Poder y su ejercicio en el campo público, lo que prima facies pareciera seducir a muchos iuspublicistas, y es que resulta frecuente en nuestro medio el análisis del funcionamiento del Estado en el marco y dinámica del proceso del poder político. En consecuencia, se tiende a escrutar minuciosa y constitucionalmente la estabilidad estructural del Estado y la sociedad políticamente organizada usualmente prescindiendo del método kelseniano inclinándose nuestros iuspublicistas por la corriente sociológica (sumándose así a la tendencia dominante en la doctrina contemporánea) generando valiosas interpretaciones en cuanto a la calidad de la democracia, participación ciudadana, institucionalidad, gobernabilidad o accountability por mencionar ejemplos. 

Por otra parte, el Derecho Administrativo tiene una cuna sobradamente conocida en la Francia posrevolucionaria, en donde el Derecho Administrativo aparece (advierten Jéze, Vedel y Rivero, entre otros) como el Derecho de la Administración. Una Administración –pública-- que requiere del ejercicio cotidiano de potestades y prerrogativas exorbitantes frente al Derecho Privado para lograr sus cometidos por medio de, por ejemplo, la expropiación forzosa de una propiedad privada para la construcción de una planta hidroeléctrica, sin que ello cabalmente, sea óbice para un equilibrio entre los derechos de los administrados expropiados y el interés general, equilibro que debe garantizar el Derecho Administrativo. 

Y es que al margen de los avatares políticos pero en armonía con los grandes principios enarbolados en la Lex Suprema, existe una actividad estatal que funciona casi mecánicamente; y es la actividad de la Administración Pública bajo el liderazgo político del Gobierno y sus directivos (o la actividad de administración en los demás poderes del Estado) subordinada a las reglas de la ciencia del Derecho Administrativo. Y es ciertamente una constante permanente, la necesaria mejoría en las condiciones básicas de vida de los administrados por medio del cumplimiento de un plan de desarrollo y actividades eficaces por ejemplo, en materia de energía y recursos renovables, salud, educación o inversiones públicas capitalizadas por un cuerpo técnico de profesionales especializados (consolidado por un sistema de méritos y capacidad) que garantice la consecución planificada y permanente de las metas institucionales. 

Con lo cual, podemos citar diversas leyes que en el devenir del tiempo han ido sumándose al ordenamiento a efectos, de ir encauzando hacia la legalidad a ese “complejo orgánico” que se caracteriza por una actividad prestadora de servicios heterogéneos que van desde la entrega de una licencia de conducir, pasando por la ubicación temporal de un niño víctima de maltrato en un hogar sustituto o la entrega de semillas certificadas y asistencia técnica al sector agrícola, hasta la firma de Contrato Administrativo para la construcción de un puente, escuela u hospital.    

Visto desde dicha perspectiva el Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo como ciencias independientes regulan una cantidad de institutos jurídicos muy amplios, por ende, en caso de que alguna norma sustantiva requiera ser sometida a un Control de Constitucionalidad o bien, a un Control de Legalidad, la misma se desarrolla en jurisdicciones muy diferentes para obtener una Justicia Constitucional o en su caso, una Justicia Administrativa. 

*Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Servidor público.

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