Msc. Vilma Báez Valdez*
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La incorporación  del Derecho Comunitario del Sistema de la Integración Centroamericana, propiamente las normas originarias, no así las derivadas y complementarias en su calidad de instrumentos Internacionales pasan por el procedimiento constitucional y legislativo para su incorporación en el ordenamiento jurídico interno del Estado de Nicaragua, procedimiento contemplado en Leyes, Decretos y Reglamentos, en el que participan Comisiones, Direcciones Generales y Divisiones Específicas y Administrativas de los Ministerios Públicos del Ramo, así como actores  de carácter político y público, con el propósito de velar por el desarrollo de la vida jurídica de estas normas. Este proceso tiene sus particularidades, solo el Presidente de la República o quien él delegue, tiene la potestad de enviar el instrumento del tratado internacional acompañado con la exposición de motivos y las reservas o declaraciones si las hubiera, al Presidente de la Asamblea Nacional, quien lo remite a la Comisión correspondiente para que dé inicio el proceso de consulta y de dictamen, sin detrimento de que participen en el proceso representantes de las instituciones ejecutoras del tratado. Posteriormente la Comisión presenta su informe ante el Plenario, quien lo discute en lo general para su aprobación o rechazo, sin hacerle cambios o agregados al texto. Aprobado el instrumento internacional, se envía un decreto legislativo aprobatorio al presidente de la República, y se publica en La Gaceta, Diario Oficial, incluyendo el mecanismo de entrada en vigencia, mediante el acto de depósito, e  intercambio de ratificación del instrumento, respetando los requisitos y plazos previstos en el texto del instrumento internacional. Una vez que el instrumento entre en  vigencia tendrá  efectos legales dentro y fuera del territorio nacional.  La participación de la Comisión de Asuntos Exteriores, en este proceso tiene un rol muy importante, ya que tiene como competencias dictaminar las Iniciativas de Ley, e instrumentos internacionales que tengan que ver con el SICA, y con los Organismos de Integración regional. También participan en este proceso instancias de carácter público, como el Ministerio de Relaciones Exteriores quien tiene la tarea de negociar y suscribir instrumentos jurídicos internacionales por delegación expresa del presidente de la República, y a través de Direcciones Generales y Divisiones Específicas y Administrativas, como: la Dirección de Organismos y Conferencias Internacionales, la Comisión de Centroamérica, la Dirección de Soberanía, Territorio y Asuntos Jurídicos Internacionales, la Dirección de Tratados, así como las instancias de los demás ministerios del ramo, quienes deben dar seguimiento y velar por el cumplimiento de estas normas. Por lo antes expuesto, ninguno de sus Poderes del Estado, y las instancias gubernamentales pueden negar reconocimiento de estas normas una vez incorporadas.  Una situación que llama la atención, es que la Corte Suprema de Justicia no se da por enterada de la incorporación de estas normas, al parecer no es suficiente la publicación que se haga en La Gaceta, Diario Oficial del Estado y de la publicación o divulgación que realice la Secretaria General del SICA a cada Estado para que estas normas entren en vigencia, sean reconocidas y aplicadas. Da la sensación de que este procedimiento está incompleto, inacabado, hace falta una cooperación judicial contundente entre ambas Cortes para que garanticen el reconocimiento, la aplicación y el cumplimiento del Derecho Comunitario.

Docente Universitaria en Integración Regional.

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