Heather Sutton*
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En teoría, la mayoría de los gobiernos de América Latina y el Caribe reconocen que hoy por hoy, hay que implementar medidas de prevención junto con las medidas “más duras”  para suprimir y disuadir el crimen. ¿Por qué entonces, es que las medidas preventivas reciben tan poca atención y recursos?

Es común (y falso) pensar que la lucha en contra del crimen requiere soluciones urgentes e inmediatas y que las medidas preventivas pueden ser demasiado largas y complejas. Aunque implementar medidas preventivas no es fácil, es más sencillo de lo que muchos se imaginan.

De hecho, ha sido comprobado que es mejor concentrarse en jóvenes vulnerables más propensos a reaccionar negativamente ante ciertos factores de riesgo.  También es positivo intervenir con anticipación para mejorar factores de protección, como la buena educación de los hijos. Esto puede ser más eficiente y barato que arrestos o encarcelamientos.

Diversos estudios longitudinales internacionales han encontrado, de manera consistente, que ciertas concurrencias de factores de riesgo están asociadas con la futura comisión de crímenes o la adopción de comportamientos violentos. Si bien la presencia de cualquiera de estos factores por sí mismos no predicen la existencia de delincuencia, la combinación de varios de ellos sí incrementa la tendencia de un individuo de delinquir en el futuro.

Entre los factores están los individuales (niveles bajos de inteligencia, poca empatía, ser impulsivo), que muchas veces están relacionados con factores familiares o comunitarios (familias con escasa capacidad de educar a sus hijos o que son abusivas y viven en zonas socialmente deprimidas), así como con factores sociales (la asociación con delincuentes). Existen cada vez más estudios en Latinoamérica y el Caribe con este tipo de resultados.

Un nuevo documento de trabajo del BID —Sexo, Violencia y Drogas entre Adolescentes: de Latinoamérica y el Caribe: ¿Acaso los padres comprometidos hacen una diferencia? (en inglés)— examina conductas de riesgo relacionadas con futura delincuencia entre adolescentes de 15 países latinoamericanos y del Caribe.

Los países del Caribe fueron Antigua y Barbuda, Barbados, Grenada, Guyana, Jamaica, St. Lucía, Suriname, Trinidad y Tobago, y St. Vincent y las Grenadines. Los factores de riego seleccionados son, en general, más comunes en el Caribe que en Latinoamérica, aunque en ambos el tener padres comprometidos con la educación de sus hijos está íntimamente relacionado con una reducción significante de conductas problemáticas en adolescentes. En nuestras encuestas, un adolescente con padres involucrados reporta 12 puntos porcentuales menos de consumo de alcohol, 12 puntos porcentuales menos instancias de haber peleado, y 8 puntos menos de consumo de drogas.

Esto concurre con la bibliografía internacional que demuestra que tener poca supervisión parental es un precursor fuerte y fidedigno de conductas problemáticas y de futuro comportamiento delincuencial (para un resumen general ver Farrington y Welsh, 2007). Desafortunadamente, la investigación del BID también encontró que en el Caribe hay menos dedicación de los padres hacia sus hijos que en América Latina.

Un abanico de programas (similares a campos  de entrenamiento militar y asesorías en contra de drogas por parte de la policía) ha ganado mucha popularidad. Sin embargo, la evidencia demuestra que no hacen una gran diferencia. Al contrario, son efectivos programas como aquellos que ayudan a los padres a aprender a educar a sus hijos, visitas domiciliarias de enfermeras, e iniciativas en escuelas que enseñan a los estudiantes a tener autocontrol y saber lidiar con conductas agresivas (ver WHO, Violence Prevention: the evidence).

Lo que ha funcionado en otros contextos debe ser probado, examinado y adaptado al contexto en América Latina y el Caribe. Posteriormente, aquellos programas que funcionen tienen que pasar a formar parte de una estrategia nacional en cada país, asegurando que la juventud en riesgo tenga acceso a dichos programas. Sin embargo, es fundamental que la estrategia se diseñe con conocimientos fundamentados sobre qué funciona, a través de robustas evaluaciones, y no solo a través de especulaciones o intuiciones sobre lo que podría funcionar.

*Consultora del BID en Seguridad Ciudadana.

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