Editorial
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Una pregunta que aún flota en diferentes países del mundo es para qué ha servido la filtración de más de 11 millones de documentos de una oficina de abogados panameña, sobre empresas offshore, más allá del centenar de personajes mencionados, entre políticos, artistas, funcionarios públicos y empresarios.

Antes de buscar una respuesta, es importante señalar algunos hechos que han quedado a la vista tras el escándalo Panama Papers, considerado “la mayor filtración periodística de la historia”.

Lo primero, las firmas offshore son legales en su constitución. Por ende, si alguien utiliza ese tipo de empresas para operaciones ilegales es algo que debe ser investigado y demostrado de manera individual, caso por caso, sin que por ello se estigmatice a todas las firmas creadas con ese modelo jurídico.

Se habla de una investigación periodística, que se atribuye el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIPJ), pero hasta hoy lo evidente es que se trata de una filtración. Investigar y filtrar son dos conceptos diferentes; lo primero es una indagación metódica para descubrir uno o varios hechos, apegándose a normas éticas, y lo segundo corresponde a la divulgación indebida de información secreta o confidencial.

Un antecedente es la filtración de los WikiLeaks, que sacaron a luz miles de documentos secretos del servicio diplomático de Estados Unidos. A diferencia de los Panama Papers, los papeles WikiLeaks fueron expuestos al mundo para que cada quien buscara la información de su interés. En el caso panameño, los medios vinculados a la CIPJ solo han publicado partes seleccionadas, vinculadas a X o Y personaje u organización en algunos países.

Al margen de estas consideraciones, las potencias mundiales ven ahora la oportunidad de aplicar nuevas medidas contra la evasión de impuestos y exigir más transparencia a países considerados paraísos fiscales.

Panamá, por ejemplo, recibirá más presiones para que cobre impuestos de otros países o que suscriba acuerdos para ofrecer información automática de movimientos financieros de empresas offshore que operan en su territorio.

Alemania, España, Italia, Francia y el Reino Unido ya propusieron meter a Panamá en una lista negra si no comparte datos de compañías, lo que se supone acabaría con el secretismo y permitiría hacer un registro internacional de los verdaderos propietarios de las firmas offshore.

Aparte de algunas renuncias de funcionarios en algunos países, como la del ministro de Industria de España, los Panama Papers han dejado hasta hoy la posibilidad de hacer nuevos acuerdos entre naciones para conseguir una mayor transparencia internacional, pero sujeta a procesos e investigaciones formales. Se avecinan, por ende, nuevos estándares y regulaciones en las operaciones financieras internacionales. Ojalá sirvan, como se argumenta hoy, para que los planes contra la pobreza sean más efectivos, producto de recaudaciones fiscales mayores.

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