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Por varias semanas, se viene discutiendo en los medios de comunicación globales la filtración de más de 11 millones de documentos provenientes de Mossack Fonseca & Co., una firma de abogados panameña que proveyó de sociedades offshore a más de 320,000 personas (naturales y jurídicas), en más de 200 países y territorios.

A esta base de datos se le ha acuñado el nombre de Panama Papers. Estos documentos contienen información privilegiada, entre abogados y clientes, que fue filtrada al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), una red global compuesta por más de 190 periodistas en más de 65 países, fundada en 1997 por el periodista americano Chuck Lewis, y que fue lanzada como un proyecto del Centro de Integridad Pública para servir como una especie de vigilante en materia transfronteriza de crimen, corrupción y rendición de cuentas.

Según explica el ICIJ en su página de internet, los Papeles de Panamá son una investigación global sobre “un sistema que los ricos y poderosos del mundo han utilizado para esconder sus activos, a través de sociedades en jurisdicciones offshore”.

El problema ha sido que esta investigación prácticamente ha dado por sentado que los Papeles de Panamá han vertido luz en un mundo opaco e ilícito, utilizado exclusivamente por políticos corruptos, evasores de impuestos y criminales, para esconder activos, lavar dinero y evitar impuestos.

Sin embargo, las sociedades offshore surgieron como vehículos legales en su constitución, que se crean en jurisdicciones fuera del territorio o lugar de residencia de la persona. En general, a estas jurisdicciones se les conoce como paraísos fiscales, caracterizadas porque las sociedades en esos lugares han decidido otorgar regímenes especiales que ofrecen la facilidad y rapidez de constitución, bajo costo de creación y mantenimiento, administración simple, exención de impuestos y alta confidencialidad, entre otros.

Lo anterior permitió que muchos grupos económicos, inversionistas y personas naturales, que enfrentaban inseguridad jurídica en sus países, situaciones ambientales y políticas inciertas, o la amenaza de grupos delincuenciales y crimen organizado (secuestros), que ponían en peligro sus patrimonios familiares y empresariales, decidieran colocarlos en estos territorios a través de este tipo de sociedades.

Como sucede con estos tipos de regímenes que ofrecen estas facilidades y confidencialidad, personas involucradas en actividades ilícitas las han aprovechado para ocultar activos o patrimonios ilegales, provenientes de corrupción, evasión fiscal en sus países y lavado de dinero, entre otros.

Por lo tanto, la utilización de estos regímenes especiales por parte de personas inescrupulosas ligadas a actividades ilícitas, no quiere decir necesariamente que debamos satanizar o estar prejuiciados por la existencia y uso de sociedades debidamente constituidas en países que ofrecen estos beneficios.

En publicaciones recientes, El Nuevo Diario ha cubierto noticias de personas honestas y de reconocida trayectoria que han utilizado sociedades offshore para proteger sus patrimonios, como es el caso de Manuel Ignacio Lacayo Gil.

A su vez, este rotativo ha cubierto casos presuntamente vinculados a actividades delincuenciales, que haciendo uso de sociedades en territorios offshore u otros tipos de sociedades, han querido esconder activos y actividades supuestamente ligadas al narcotráfico y lavado de dinero, como es el caso Waked, cuyos nombres y el de sus empresas fueron designados en la Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y que enfrenta procesos judiciales en cortes de los Estados Unidos de América.

Evidentemente, es necesario que estos territorios offshore o paraísos fiscales se adecúen a los tiempos. Es evidente, que el tema principal en una economía globalizada como la que vivimos y las tendencias hacia la transparencia financiera por la contaminación creada por personas inescrupulosas involucradas en actividades ilícitas, conllevan a que se necesita conocer el beneficiario final de las sociedades offshore, y que se permita el intercambio de información tributaria entre los países para asegurar el debido pago de impuestos.

Por eso, podemos concluir que el verdadero tema es conocer al beneficiario final que controla la sociedad offshore y que se establezcan las regulaciones correspondientes en cada país, a fin de que se permita la transparencia de las transacciones financieras y la cooperación entre los países, y evitar así que los delincuentes utilicen vehículos legales para ocultar sus delitos.

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