Msc. Vilma Báez Valdez*
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La vida jurídica en Centroamérica antes de finalizados los conflictos en la década de los ochenta, se basaba estrechamente en una relación restringida a la Constitución Política y a las legislaciones nacionales de los Estados de la región.  En el marco de la superación de la confrontación bélica se celebraron los Acuerdos de Esquipulas I y II para alcanzar la paz firme y duradera, mediante tales acuerdos, los gobiernos impulsaron la idea de crear un nuevo marco jurídico en Centroamérica. Es así, como, el proceso de integración centroamericana se concretó mediante la firma y ratificación del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Odeca en 1991, (de la que hablaremos en otro momento),  por los seis países de la región centroamericana, dando como resultado la formación del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), sistema conformado bajo el Derecho de Integración que tienen los Estados de crear una organización internacional, con sus principios, objetivos, propósitos y fines, con una institucionalidad distribuida, en este caso, de una serie de órganos especiales como la Reunión de Presidentes, el Consejo de Ministros, el Comité Ejecutivo, la Secretaría General, la Sieca, la Corte Centroamericana de Justicia y el Parlacen (aunque estos dos últimos no  tengan la competencia de crear normas comunitarias), y el Comité Consultivo. Bajo todo este nuevo andamiaje político, jurídico, económico y social, las normas del Derecho Comunitario, emanan de la única norma originaria, constitutiva, reformadora como es el Protocolo de Tegucigalpa y de las decisiones de los primeros tres órganos principales que señala el Artículo 12 de ese Protocolo, y el Reglamento de Toma de Decisiones del SICA aprobado en 2013, quienes tienen la facultad de crear normas jurídicas del Derecho Comunitario derivadas, complementaria y accesorias; normas que conforman el nuevo marco jurídico en la región.

Este nuevo ordenamiento jurídico comunitario también tiene el fundamento que es parte de una estructura jurídica internacional, que está ubicado entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno de un Estado,  dos elementos innegables que lo validan, porque con el primero,  esta norma comparte la característica que emanaron de la voluntad soberana, de la buena fe y de las decisiones políticas de los Estados, segundo, porque el espíritu integracionista y de unidad entre los pueblos centroamericanos, está reflejado en el constitucionalismo de cada uno de los países miembros del SICA, de forma explícita o implícita, lo que definitivamente pasa a ser del ámbito del Derecho Público del Estado. Este derecho también lo fundamentan los aspectos filosóficos de las  Concepciones Teóricas que sustentan el origen de los procesos de integración y del Derecho Comunitario. Teorías que se implantaron en las décadas de los años 50 y 60, como producto de una conciencia nueva, enmarcada en la cooperación que  surgió entre los Estados Europeos después de la Segunda Guerra Mundial, ya que para ello, era menester la de estar vinculados por una red cada vez más densa de intereses comunes. Es así como las Teorías de Derecho de Integración, nos permite comprender la complejidad de estas normas, dado que es un sistema de normas nuevo, con una particularidad muy propia, con una perspectiva que se aleja de la idea simplista y reduccionista de pensar que el Derecho de la Integración solo se enmarca en el devenir económico.

Con la creación de este  sistema, de este nuevo ordenamiento jurídico comunitario, la región centroamericana retomó importancia a nivel global, para tratar solucionar de forma pacífica los conflictos y dar respuesta a las nuevas necesidades que imperan en la cotidianeidad de la región, como ha sido la de fortalecer las relaciones intracentroamericanas, que propicien el entendimiento mutuo, la cooperación política, económica, social, y cultural, la implementación de estrategias para desarrollar las relaciones comerciales, turísticas, la unión aduanera,  las políticas de seguridad, de cooperación judicial, sanitarias, migratorias, de seguridad alimentaria, de Derechos Humanos, de medio ambiente; así como de las amenazas que azotan a la región, producto de  la narcoactividad.

Ante estos retos y amenazas que enfrenta la región centroamericana es más que evidente y necesario fortalecer, reconocer, la condición y situación jurídica que vive este derecho en los ocho ordenamientos nacionales que integran el SICA.  

Msc. Vilma Báez Valdez,  Docente Universitaria en Integración Regional.

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