Flavia Milano
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Los conflictos sociales que repercuten fuertemente en los gobiernos se han traducido en pérdidas anuales del orden de los US$100 millones. Un estudio de la Universidad de Harvard reveló que operaciones entre US$3 y US$5 billones pierden US$20 millones por semana.  La fase de exploración tampoco queda libre de riesgos operativos y se han calculado pérdidas diarias de entre US$10 mil a US$50 mil.

Otros estudios demuestran pérdidas traducidas en costos de US$1.69 millones por demoras resultantes de la oposición de la comunidad. Proyectos a gran escala han identificado los atrasos provocados por conflictos sociales como uno de los factores de riesgo más frecuentes asociados a la pérdida de productividad. Los mayores costos derivados de los conflictos sociales estriban tanto en la impracticabilidad de ejecutar el proyecto en sí, como en la imposibilidad de desarrollar oportunidades de expansión de negocios.

Uno de los puntos de contacto clave entre la empresa y la comunidad son las consultas públicas.

Recientemente, la revista The Economist titulaba un artículo sobre operaciones mineras en América Latina como “Del conflicto a la cooperación” donde se evidencia que el camino es escuchar más. El modo más eficiente de escuchar es a través de las consultas públicas.

Las consultas públicas eficientes, sin ser una panacea infalible, son una herramienta que bien implementada permite crear alianzas con las comunidades en un desarrollo inclusivo; obtener la llamada “licencia social” para operar.

Contribuyen a generar beneficios y reducir riesgos operativos de proyecto. Crean capacidades para la comunidad.

Crean un marco para la rendición de cuentas y un protocolo de comunicación entre las partes durante todo el proceso del proyecto. Fomentan un compromiso recíproco con el proyecto bajo consulta.  Promueven innovación social cuando logran identificar oportunidades de desarrollo o de valor compartido adicional y no prevista originalmente.

Las consultas públicas también responden a una obligación legal. Sobre esto último y lo anterior, el Grupo BID ha realizado un trabajo exhaustivo para facilitar el trabajo de las agencias de gobierno,  brindando apoyo técnico para la realización de consultas públicas eficientes.

Compartimos la publicación llamada “Consultas públicas con sociedad civil: Guías para Agencias Ejecutoras públicas y privadas” donde se incluyen los principios rectores y mejores prácticas universales, así como la información sobre los marcos legales aplicables para sectores como Energía, Industrias Extractivas,  Sector Forestal, Sector de Pesca, Infraestructura así como lo regulado para el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

* Especialista de Sociedad Civil, Grupo BID.

Esta columna fue originalmente publicada en el blog Gobernarte del BID.

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