Claudia Valle
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“En el futuro será inconcebible para la Humanidad, que alguna vez fue legal la venta de estos productos”.

Por primera vez en la historia  de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el Derecho a la Salud y Tabaquismo en América fue tema de discusión. Hito para la lucha antitabaco en la región, la Audiencia  de Abril pasado en Washington, se logró con el respaldo de más de 130 organizaciones de América.

La matanza anual de seis millones de seres humanos que provoca la poderosa e influyente industria tabacalera con su mortífera y también legal actividad comercial, fue denunciada por los abogados y miembros de los organismos e instituciones académicas y asociaciones médicas organizadas en la lucha antitabaco.

La respuesta de la industria ante las medidas para controlar la  pandemia del tabaquismo es feroz e intimidatoria; los Estados que la obligan a mostrar las imágenes de sus víctimas en los propios paquetes de tabaco, han sido llevados a los tribunales en juicios millonarios que afectan las economías de las naciones. Tal es el caso de Uruguay, donde se implementaron estas advertencias sanitarias en el espacio que antes ocupaba la publicidad engañosa.  Un paso hacia el Empaquetado Genérico en la región, una medida considerada como la peor derrota de la industria tabacalera mundial.

Las tabacaleras alegan la protección de sus inversiones y hasta podrían invocar su defensa ante la misma CIDH. En la controversia, los Estados emplazados por las multinacionales, defienden con vigor la soberanía de las naciones en materia de salud pública. Declaran los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y las Constituciones Políticas de los países.    

Los productos de tabaco matan, enferman y causan invalidez. Su comercialización le produce a la industria ganancias que superan el capital de las transnacionales más lucrativas del mundo juntas. Y es legal. Injusto y antiético, pero legal. Permanece exitosa gracias a la mejor estrategia de marketing y una eficaz maquinaria de interferencia en todos los niveles de poder.

No es justo que prevalezca el derecho a comercializar la muerte sobre el derecho a la vida. Aun así, la lucha es control y no prohibición. La tarea es presionar por la voluntad política de los gobiernos y que éstos cumplan su compromiso de proteger a las naciones de esta pandemia cuyo vector es la industria tabacalera. Un vector que se reproduce en los intereses irreconciliables con el interés supremo del Estado, la defensa del bien jurídico principal del pueblo: Su vida.  Es el argumento que presentaron los lideres antitabaco ante la CIDH.  

Autorizada cuando se desconocía su naturaleza letal, la comercialización de productos de tabaco es manejada por una industria omnipotente. Instalada cómodamente en una sociedad que culpa a la víctima y libera de cualquier responsabilidad al criminal acreditado.

El Estado de Nicaragua suscribió en 2004 junto a  180 naciones, el Convenio Marco para el Control del Tabaco, el primero auspiciado por la Organización Mundial de la Salud y considerado un movimiento mundial en respuesta a la emergencia provocada por el tabaquismo. Instrumento jurídico internacional que debemos perfeccionar para proteger a las generaciones futuras de la catástrofe sanitaria. 

En el convenio encuentra su fundamento nuestra Ley 727 para el Control del Tabaco, aprobada hace siete años y sin aplicación vigente en sus disposiciones más importantes por la indiferencia de un órgano de aplicación ausente: el Ministerio de Salud.  Una Ley que necesita ser reformada por los compromisos asumidos: prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio, no a las áreas de tolerancia y etiquetado con imágenes y texto, aumento sustancial de los impuestos sin trato preferencial ni exoneraciones a una industria con la que no aplica la responsabilidad social porque se considera interferencia y está prohibida en este tratado. Y en cuanto a su cultivo, el área de siembra debe disminuir de manera gradual para ser sustituido por otros rubros alternativos.  En  nuestro país, más bien aumenta y se le concede el régimen de zona franca.

Y mientras  la tutela estatal no se ejerza con firmeza y valentía en Nicaragua y  todas las naciones, la industria tabacalera seguirá protagonizando la mayor y más prolongada conspiración civil en la historia de la humanidad. Un mercado en expansión que se lucra con la primera causa de muerte prematura y evitable en el mundo.  ¡Apuntando con un arma de destrucción masiva a los más pobres y discriminados del planeta! ¡La mayor amenaza contra la salud pública que ha enfrentado la Creación!

*Miembro de la Red Nicas Libres de Tabaco.

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