Msc. Vilma Báez Valdez*
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En una reciente investigación que realicé sobre el “Procedimiento de Incorporación del Derecho Comunitario del SICA en el ordenamiento jurídico interno del Estado de Nicaragua”. Bajo la premisa de instrumento internacional, que reconoce la Convención  de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. Tal procedimiento está contemplado en la Constitución Política, leyes orgánicas, decretos y reglamentos, y participan en este proceso  tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, así como una no determinada cantidad de actores públicos y políticos, cuya función es velar por el estado y situación de validez de estos instrumentos internacionales. 

Desde el preámbulo de nuestra Constitución Política, esta, evoca el espíritu de unidad centroamericana y en la parte final del artículo 5 expresa: “Nicaragua privilegia la integración regional y propugna por la reconstrucción de la Gran Patria Centroamericana”. Seguidamente el artículo 9 expresa: “Nicaragua defiende firmemente la unidad centroamericana, apoya y promueve todos los esfuerzos para lograr la integración política y económica y la cooperación en América Central... En consecuencia, participará con los demás países centroamericanos y latinoamericanos en la creación o elección de los organismos necesarios para tales fines. Este principio se regulará por la legislación y los tratados respectivos”.

El Artículo 138, núm. 12, delega al Poder Legislativo “Aprobar o rechazar los instrumentos internacionales celebrados con países u organismos sujetos de Derecho Internacional…”, confiriéndole  a estas normas efectos legales dentro y fuera del territorio nacional, una vez que hayan entrado en vigencia internacional, mediante depósito o intercambio de ratificaciones o cumplimiento de los requisitos o plazos, previstos en el texto de tratado”. Más adelante el artículo 150 Atribuciones del Presidente de la República, en el núm. 8, le da a este  la potestad de “Dirigir las relaciones internacionales de la República, negociar, celebrar y firmar tratados, convenios o acuerdos y demás instrumentos que establece el inciso 12, del artículo 138” antes mencionado.

Nuestra Constitución Política también cuenta con un mecanismo de control constitucional para evitar algún abuso en su contra y en el artículo 190, aunque no hace referencia en ningún momento a los tratados internacionales, se interpreta que este control constitucional puede aplicarse, en el caso que se esté ante una clara  indisposición y violación de la supremacía de la Constitución por parte de cualquiera de estos instrumentos internacionales.

Nuestra constitución es clara cuando expresa en el Título X, artículo 182 su supremacía, diciendo: “que es la Carta fundamental de la República, que no tendrán valor alguno las leyes, tratados, decretos, reglamentos, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteres sus disposiciones”. Sin embargo, también es clara cuando expresa que si tales instrumentos internacionales cumplen con todos los requisitos de ley para su aprobación en la Asamblea Nacional, tendrán vigencia tanto dentro como fuera del territorio nacional.

A todas luces podemos ver que en este proceso hay varias etapas, primero una fase de negociación y firma del instrumento internacional por parte del Ejecutivo. Y en una segunda etapa, veremos el procedimiento de aprobación o rechazo por parte del Legislativo.

* Docente en Integración Regional.

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