Msc. Vilma Báez Valdez*
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Entre otras disposiciones, la Ley 290, Ley de Organización y Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo, señalan que participan en el proceso de incorporación de tales instrumentos, instancias de carácter público, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien tiene la tarea de negociar y suscribir instrumentos jurídicos internacionales por delegación expresa del Presidente de la República. Que tanto la Dirección de Organismos y Conferencias Internacionales, la Comisión de Centroamérica, la Dirección de Soberanía, Territorio y Asuntos Jurídicos Internacionales, la Dirección de Tratados, así como las Direcciones Generales, Específicas y Administrativas de los otros Ministerios del ramo, también tienen la tarea de dar seguimiento a los acuerdos tomados en esos instrumentos, así como velar por el cumplimiento de los mismos una vez aprobados. (Hay que tomar en cuenta que cada una de estas instancias del Gobierno,  participación activamente en el SICA, mediante el Consejo de Ministros del ramo, donde cada Ministro es el vocero de Centroamérica cuando su país ostenta la Presidencia Pro tempore (Artículo 14, Protocolo de Tegucigalpa, 1991). Siendo el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores el órgano principal de coordinación de este Consejo). 

Una vez que tales instrumentos internacionales pasen por todo este proceso y son aprobados por el legislativo, ningún Poder del Estado, instancias gubernamentales, o partes en la negociación del instrumento pueden negar desconocimiento alguno de estas normas, ya que una vez aprobadas pasan a formar parte del andamiaje jurídico interno del Estado, conservando estas nuevas leyes su propia autonomía y dinámica, y ninguna ley puede contravenir de forma alguna a estas normas tanto a lo interno como fuera del territorio nacional.

Hay que aclarar que en el caso de las normas del Derecho Comunitario del SICA, para su incorporación en el ordenamiento jurídico nacional nuestro, solo fue necesario que haya pasado por este  procedimiento la norma originaria, o sea el Protocolo de Tegucigalpa no así, las normas derivadas, complementarias y supletorias que emanan de ese Protocolo y de los órganos normativos que señala el Artículo 12, letras a), b), y c), del Protocolo y el Reglamento de Adopción de Decisiones del SICA, aprobado en julio del 2013, y que entró en vigencia treinta días después. En síntesis, el procedimiento constitucional, legislativo y demás leyes que permiten la incorporación del Derecho Comunitario en el ordenamiento jurídico interno del Estado de Nicaragua, está contemplado en la Constitución Política, en los Artículos, 5, 9, 138, 150, 190; en la Ley No. 606, Ley Orgánica del Poder Judicial, en sus Artículos 64, numerales 2, 9, 10 y 11; en el Articulo 124, letras a), b), c), d) y e); en el Articulo 138; numeral 12, en la Ley de Reforma No, 888, de la LOPL en el Articulo 30, numeral. 27; en la Ley 290 Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo en el Artículo 19, letra e);  y en el Decreto No. 71-98, Reglamento de la Ley 290; en sus Artículos 49, numerales del 2 al 6; en el Artículo 50, numerales del 1 al 6; en el Artículo 65, numeral 3; en el Artículo 66 numeral 3; en el Artículo 68, numeral 10,  así como la amplia participación de actores nacionales, y de los órganos e instancias institucionales del SICA encargados de darle seguimiento a la vida de esta norma.

Esta incorporación es un proceso inclusivo y participativo, convergen leyes, instituciones nacionales e internacionales y una cantidad no determinada de actores. Es importante que las instancias jurídicas empiecen a realizar un esfuerzo por reconocer  y aplicar estas normas.

* Docente en Integración Regional.

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