José Márquez Ceas
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La “evasión fiscal internacional” es uno de los problemas que más preocupa a los gobiernos de los países, a nivel mundial. El principal antecedente es la implementación de la política de desregulación, sobre todo en el campo financiero, que propició un crecimiento desmesurado del sistema financiero internacional en los años 80, y permitió la ejecución de operaciones financieras altamente especulativas.

La “desregulación financiera”también propició el desarrollo espectacular de la “banca en la sombra”. Este tipo de “banca” implica intermediación entre ahorro e inversión fuera de los canales bancarios tradicionales, actividad que fortalece la expansión de los “paraísos fiscales”.

En relación a este problema, en el mes de julio de 2012 la red mundial de expertos “Tax Justice Network (TJN)”, publicó los resultados de una investigación que reveló que entre  21 y 32 billones de dólares, equivalentes al valor conjunto de las economías de los EE.UU. y Japón, estaban invertidos en 80 jurisdicciones offshore (paraísos fiscales), evadiendo impuestos en los países de origen.

Recientemente, la filtración de información confidencial de un despacho legal panameño (los papeles de Panamá), puso en la palestra el tema de los “paraísos fiscales”, el cual está vinculado a la naturaleza del sistema de libre mercado en su versión Neoliberal. Casos similares de filtración de información confidencial, como el panameño, también han ocurrido en Europa.

Para combatir este problema, la Comisión Europea (CE) acordó recientemente analizar las entidades y actividades de la “banca en la sombra”, incluyendo Vehículos de Propósitos Especiales, Fondos del Mercado Monetario  y otros fondos de inversión y productos con características depositarias como los ETFs -fondos cotizados en bolsa- que reproducen la composición del índice al que hace referencia.

También se investigaría a las compañías financieras y de valores que proveen crédito o garantías crediticias o transforman los activos en liquidez; y a las aseguradoras y reaseguradoras que emiten productos de garantías crediticias. En el lado de las actividades, se examinarían las titulizaciones, los préstamos de valores, y los acuerdos de recompra.

Por lo pronto, la CE preparará una lista negra que la UE utilizará primeramente con carácter disuasorio, a fin de que los países europeos señalados adopten medidas correctivas en el corto plazo. Si no lo hacen, los nombre de esos países serán publicados en la versión definitiva, con todo el desprestigio internacional y las medidas de represión financiera que conllevaría para los mismos.

MBA, Economista

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