Editorial
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La seguridad se ha vuelto una tarea primordial y cotidiana para los países centroamericanos, desde Guatemala hasta Panamá, debido al incremento de los flujos de migrantes extrarregionales indocumentados y la comprobación de que las maras (pandillas) de El Salvador, Guatemala y Honduras han evolucionado como organizaciones criminales y operan con estrategias y coberturas similares a las de los más grandes cárteles de las drogas.

Por un lado, la presión de miles de migrantes extrarregionales (haitianos, africanos y asiáticos) que tratan de pasar por Centroamérica, de cualquier forma y a cualquier costo, hacia México y Estados Unidos, hacen propicia la infiltración en el istmo de terroristas y otros criminales dedicados al tráfico de personas, creando tensión en los sistemas de seguridad de las fronteras de cada país, así como la posibilidad de corromper las instituciones y la sociedad.

A eso se suma el problema de la violencia en el norte de Centroamérica, donde las maras no solo persisten, sino que tratan de expandirse por la región porque parte de su fortaleza ha sido aliarse con organizaciones internacionales de tráfico de drogas. Recordemos que la mara Salvatrucha tiene vínculos con una pandilla criminal de Los Ángeles, California, llamada igual, y que las autoridades federales de Estados Unidos han comprobado los vínculos entre estos grupos mareros con el cártel de Sinaloa, el cual, aun después de la captura de su líder, el narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, continúa operando a sus anchas desde México.

El interés de las maras salvadoreñas por internacionalizarse tiene varios antecedentes. Hace dos años, en varias ciudades de España la Policía capturó a más de 30 criminales vinculados a la Mara Salvatrucha (MS-13), que incluía no solo a salvadoreños y hondureños, sino también a rumanos, ecuatorianos, bolivianos, paquistaníes, búlgaros, marroquíes y españoles.

Con mayor razón, las fuerzas armadas y policiales de Centroamérica han tenido que redoblar la vigilancia en sus países y coordinarse entre sí para conseguir un mayor control de esta región de siete pequeños países y poco más de 40 millones de habitantes. La preocupación ha sido tal que el viernes último los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras acordaron crear una fuerza trinacional para combatir a las maras, que ya son una expresión más del crimen organizado.

En Nicaragua, el Ejército ha insistido en el desarrollo de su estrategia “muro de contención” que, con la cooperación de los ejércitos vecinos y de Estados Unidos, ha cortado el paso a traficantes y otros criminales internacionales.

Las naciones centroamericanas están en un proceso de integración en diferentes ámbitos, sobre todo en lo económico, pero cualquier avance en ese campo depende mucho de los niveles de seguridad que vayan obteniendo, tanto nacional como regionalmente; porque, como está sucediendo en la Unión Europea (UE), cuando la inseguridad aumenta, se pierde la tranquilidad, aumenta el temor y la violencia y las fronteras nacionales tienden a cerrarse porque cada gobierno responde por la protección a sus ciudadanos.

Los gobiernos centroamericanos deberían buscar una política común en ese sentido, porque de nada sirve que uno o dos países ejerzan un buen control si los demás actúan con debilidad. Al final, si la inseguridad se expande en el istmo, los afectados serán todos sus habitantes y las inversiones empezarán a mermar, en vez de aumentar que es lo que toda la región busca. En definitiva, un buen desempeño económico depende de una buena seguridad nacional y ciudadana.

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