Jorge Isaac Bautista Lara
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En el año 1995, hace poco más de dos décadas, se dio en Colombia lo que se ha denominado “Proceso 8,000”. Fue un proceso judicial contra el entonces Presidente Ernesto Samper, bajo el supuesto de haber recibido financiamiento del narcotráfico para su campaña presidencial, por el “Cártel de Cali”. Esto armó una tormenta política a lo interno y externo del país. El Presidente se quejó de una conspiración en su contra: el 27 de febrero de 1996, la Comisión de Acusaciones de la Cámara, decidió abrir investigación. Pero el 6 de julio del mismo año, fue liberado del proceso por la cámara por 111 votos a favor y 43 en contra. Archivando los cargos contra Samper. Ese proceso dio origen a múltiples investigaciones penales contra senadores, representantes, funcionarios públicos y periodistas, por los presuntos nexos o beneficios con este cártel. Con el correr de los días la lista de procesados se amplió; fue el huracán del Proceso 8,000, marcando una época en Colombia. Se escribieron libros, y se analizó el papel que jugaron los medios, que marcó un hito en el estudio del Derecho. Llevando por delante el mercado; concurriendo prejuicios, simpatías, antipatías, venta de anuncios, etc. La noticia vendió planas durante muchos meses. Más sensacionalismo, más ventas. Este detonante marcó en los estudios penales, el desempeño del periodismo en la modernidad, su influencia y afectación en los procesos penales.

De manera tal que eran ellos los que decían cuándo citar o no a un testigo o perito, hacer un auto, anular o aceptar pruebas, etc. Tomando prácticamente el control del proceso sobre el judicial, su manipulación, como pasmosa realidad de la modernidad. Por lo que tal hecho resultaba un llamado al actuar responsable de los medios al momento de informar. En el caso Páramo por Homicidio Imprudente de un paciente, se han dado similitudes y diferencia al Proceso 8,000; similitud de algunos medios en querer asumir el control del proceso, con el despliegue que montaron con el caso, no siempre en bien, perdiendo la objetividad en la información, veracidad y realidad procesal; apostando en la búsqueda de raiting. Algo que no está necesariamente de la mano con la justicia. La misma defensa perdió la perspectiva al litigar de cara a los medios y no del juez, cayendo en la trampa; dando primicias de lo que haría o no, pediría o rechazaría, sus cuestionamientos a informe de peritos, etc., relegando lo técnico jurídico y procedimental. Esto contamina y distrae una defensa. La información tal y como la daban algunos medios ha resultado poco responsable. Marcó la diferencia, al Proceso 8,000, el actuar sereno, diligente y responsable de la Jueza Sexto Local Penal de Managua, Ivette Pineda, que a pesar de la presión no cayó en la trampa de la imagen, asumiendo los riesgos y valorando hechos al juzgar; ante la ley, la sociedad nicaragüense y familiares, que exigen investigar la muerte de la joven Lizandra Jarquín. Por desgracia un proceso penal trae en sí mismo algún sufrimiento del procesado. Es inevitable. No nos corresponde valorar la sentencia; el juez juzgó y valoró. Si no existe conformidad, están los recursos para apelar al fallo. Pero en Nicaragua se hacía necesario un proceso y sentencia como este. Algo normal en Alemania, Colombia, Chile y otros países. Se dice que va tanto el cántaro al río que al final se rompe. La repetición de muertes y quejas de daños en la salud por un actuar negligente, mala praxis o ineptitud en el ejercicio médico se estaban sumando; ha generado malestar en la sociedad y desprestigio al gremio médico. Esto es un parte aguas, y se miraba venir en algún momento, en favor de la salud y seguridad de la población y prestigio de los médicos. Existe preocupación de gremios médicos, abogados, Poder Judicial y Gobierno. En Colombia se dice que esto trae y ayuda en una depuración de la profesión, antes de pensar en la solidaridad del gremio. Porque ahí se responsabiliza al profesional declarado responsable; no del gremio. No trasciende. Se dice en Medicina que para un acertado diagnóstico es de vital importancia una historia clínica completa y veraz; ello es lo que permite como antesala, aplicar una correcta medicación o tratamiento para determinada patología. Ser médico exige vocación, mucho estudio y sacrificio del profesional. Tratan con nuestras vidas. Todo proceso sea terapéutico, quirúrgico o de diagnóstico, tiene asociado un riesgo para el paciente, y sus acciones deben ser responsables en tanto pueden ocasionar daño o secuelas físicas, psíquicas, que hoy se les reconocen implicancias legales. El derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona humana; es mandato Constitucional la garantía de su protección.

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