Gustavo-Adolfo Vargas *
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El Senado de Brasil destituyó a la presidenta Dilma Rousseff, con 61 votos a favor y 20 en contra, constituyendo un golpe bajo, dañando enormemente el funcionamiento institucional del país que con esfuerzo fue ejemplo de democracia consolidada para toda la región. 

Los partidos políticos responsables del golpe, utilizaron un procedimiento previsto en la Constitución para casos extremadamente graves, ajustándolo a mecanismos políticos cortoplacistas sin importarles el daño causado a la legitimidad democrática.

La destitución del Jefe de Estado, es un hecho de suma importancia. El sistema permite al Parlamento revocar la voluntad popular, destituyendo a quien elevaron a la presidencia; es utilizado solo en casos excepcionales, porque crea una grave crisis e institucional.

Pero este no es el caso de Rousseff, porque no le han encontrado ninguna prueba de implicación en el escándalo Lava Jato, donde están incluidos miembros de partidos contrarios. La demandaron por desviación en el presupuesto, aunque en la Constitución no existe suficiente entidad política para justificar esa destitución.

Detrás del golpe de Estado, encomendado asestarlo a la mayoría del Legislativo están: las oligarquías locales, sus asociados grandes consorcios internacionales, los intereses depredadores que van detrás de los recursos naturales del país, los sectores del entreguismo y subordinación al imperio, pretendiendo recuperar directamente el poder político, prosiguiendo la labor interrumpida por 13 años de gobiernos nacionalistas y democráticos.

Quienes acusan a Rousseff, incurrieron en comprobados actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones públicas, que al derrocar a Dilma y hacerse del poder, buscan que este se convierta en la protección que les brinda impunidad.

Los gobiernos de América Latina, salvo honrosas excepciones observan con total inercia, el paso a paso con que se asesta el golpe, pero no ven que ante cualquier desagrado que provoquen al imperio, puede ocurrirles algo semejante.

El pueblo de Brasil, se está levantando contra la agresión a su democracia y al desconocimiento de la voluntad que expresara en 54 millones de votantes, busca que no acabe rompiéndose la legalidad con los recursos que le otorgan su Constitución, sus leyes y sus experiencias de prácticas democráticas y pacíficas.

Los países que aspiran a transformaciones progresistas y democráticas por medios similares, les corresponde ofrecer solidaridad a Rousseff y a los que luchan con ella en Brasil por la recuperación de la democracia, para conducir a un progreso sostenido y estable.

La destitución de la presidenta Dilma Rousseff, representa un golpe para todas las fuerzas progresistas y para la democracia en América Latina. Es una etapa más del regreso de la derecha política y económica en la región.  

El cambio de rumbo, impone también para la región una modificación sustancial de su geopolítica. Profundiza el aislamiento de Venezuela y acorrala aún más a Bolivia y Ecuador. 

Se observa una serie de golpes de nueva generación: el primero en junio de 2009 en Honduras, con la conspiración oligárquica que depuso al presidente Manuel Zelaya; el segundo también en el mes de junio, pero de 2012 en Paraguay, cuando el mandatario Fernando Lugo, fue desalojado del poder mediante un juicio parlamentario carente de pruebas en contra del acusado; y en agosto de 2016 se ha consumado el tercero en Brasil por parte del Senado en contra de Dilma Rousseff.

Se consolida en el poder una nueva alianza de gobierno conformada por PMDB-PSDB (Aécio Neves, José Serra y Fernando Cardoso) siendo Michel Temer su compañero de ruta.

Los medios legitiman la destitución brasileña, coincidiendo ideológicamente con el proyecto de ajuste del PMDB; quienes no querrán seguir adheridos a un gobierno de legitimidad incierta, y desprestigiado a lo largo de su mandato.

El objetivo del gobierno, será continuar en su alianza con el poder judicial para dejar del juego a Luiz Inácio Lula da Silva, quien se mantiene firme en las encuestas como un candidato de gran potencial para 2018.

* Diplomático, Jurista y Politólogo.

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