Ana Cecilia Sánchez
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Centroamérica ha sido tradicionalmente una región emisora de migrantes. En la última década, en el caso del llamado Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), miles de migrantes buscan escapar de los altos niveles de violencia que tristemente ubican a esos países en los primeros lugares a nivel mundial. En el caso de Nicaragua, se conoce que  los destinos son principalmente Costa Rica, Estados Unidos de América, Panamá y España. Hasta el momento, Nicaragua ha constituido un muro de contención que ha impedido que el narcotráfico, las maras y pandillas penetren en el país, obstaculizando su movilización y expansión. 

Lo más relevante y preocupante en los últimos dos años, ha sido la migración de niños que viajan solos hacia Estados Unidos, expuestos a los riesgos conocidos de explotación sexual, trata de personas, e inclusive de muerte. En los primeros seis meses del 2016, más de cuarenta mil niños del Triángulo del Norte han sido detenidos en las fronteras de Estados Unidos o México.

Sin embargo, recientemente la región está experimentando un nuevo rol más allá de la migración regional pasando a un papel en los fenómenos de migración mundial, tanto por la migración de personas originarias de Cuba y Haití, como de migrantes extrarregionales procedentes de África y Asia. Ante esta situación es necesario reflexionar sobre las causas de este nuevo rol –no buscado ni deseado por los países de la región– y sus efectos, así como en posibles soluciones.

Las causas, aunque distintas, tienen una misma raíz: la multicrisis global generada por un modelo de desarrollo basado en la explotación inmisericorde de los ecosistemas naturales y la Madre Tierra y en la creciente desigualdad social que se refleja en el hecho de que el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% de las personas del planeta (OXFAM 2016).

En el 2015, al flujo migratorio “normal” hacia Europa, acrecentado por las guerras en Oriente Medio, Irak, Afganistán, Libia, Yemen, Palestina y Siria, se sumó el despiadado avance del autollamado Estado Islámico que sembró el terror y destruyó poblaciones enteras en su intento de establecer un “califato”.

Desde África ha habido siempre un flujo migratorio hacia Europa, pero las restricciones migratorias ya numerosas, han aumentado con la crisis de refugiados, también conocida como “crisis migratoria en el Mediterráneo”, los controles han aumentado, a como ha crecido la xenofobia en muchos países europeos que ven a los migrantes como una amenaza a su seguridad y calidad de vida.

En la República Dominicana, la aplicación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros dejó fuera a cerca de doscientas mil personas de Haití, provocando una crisis migratoria entre ambos países, y posiblemente la búsqueda de nuevos horizontes para esa población.

El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos ha provocado que miles de cubanos intenten llegar a suelo de este último país ante la posibilidad de que sea derogada o modificada la famosa Ley de Ajuste Cubano que desde 1966 privilegia con permisos de residencia y trabajo a los cubanos que logran pisar suelo estadounidense.

Por este motivo, nueve países latinoamericanos (Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Perú) firmaron una petición al Gobierno de Estados Unidos, para que examine su política que promueve la emigración ilegal de cubanos. 

En Nicaragua, de acuerdo con los registros del Complejo Judicial Central de Managua (END, 7 agosto 2016), las acusaciones por el delito de tráfico de inmigrantes ilegales tuvieron un incremento de 1,200% entre el año 2014 y el 2015. El Gobierno de Nicaragua está trabajando en el establecimiento de mecanismos interinstitucionales que permitan un tratamiento justo, ordenado y humano a la población migrante, y que a la vez garanticen el respeto a la soberanía nacional, la tranquilidad y seguridad de la población nicaragüense.

Existe un claro vínculo entre los fenómenos de migración, derechos humanos y el “modelo de desarrollo” actual, en el que, como dice Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, se socializan las pérdidas y privatizan las ganancias.
Todos los países tienen “responsabilidades compartidas pero diferenciadas” y aquellos industrializados y enriquecidos en el modelo de desarrollo injusto, insostenible y depredador, tienen el deber de colaborar con los países que ahora están siendo involucrados como países de tránsito de la población migrante que ha sido expulsada de sus tierras por la pobreza, las guerras, el hambre y la falta de humanidad. El principal derecho a defender y restituir es el derecho a la vida y a vivir en paz con dignidad.

*La autora es abogada y secretaria de la Fundación de Retirados Julio Ramos Argüello REDIM 13

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