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Es razonable que haya una preocupación generalizada en la ciudadanía nicaragüense por una posible aprobación en el Senado de los Estados Unidos de América, de la denominada "Nica Act", porque, de entrar en vigencia dicho proyecto de ley a cómo fue aprobado por la cámara baja del Congreso de ese país, la misma tendría un efecto adverso significativo sobre la economía nacional en el corto plazo.
Si ese proyecto de ley es aprobado por el Senado y el presidente estadounidense la promulga, se reduciría la cooperación bilateral al país y los Estados Unidos usarían su poder de veto en organismos financieros internacionales para bloquear los préstamos a Nicaragua.

A nivel nacional, existe un consenso de que lo anterior tendría un impacto negativo, no solo sobre la actividad económica, sino también sobre las relaciones con Estados Unidos, que se verían deterioradas después de más de dos décadas de buen entendimiento y cooperación en áreas claves y sensibles como el comercio, las inversiones, la lucha contra el narcotráfico, la migración y la seguridad.

El proyecto de ley, impulsado en la cámara baja por la republicana Ileana Ros-Lehtinen, y ahora promovido en el Senado por el también republicano Ted Cruz, tiene su origen en una serie de denuncias y cabildeos en Washington de grupos políticos nicaragüenses opositores al gobierno actual, y que ahora, en vista del impacto que puede tener la Nica Act sobre la población, si se convierte en ley, tratan de deslindarse de la responsabilidad que tienen en que dicho proyecto haya transitado tan rápido desde el Subcomité para Asuntos del Hemisferio Occidental hasta su aprobación por unanimidad en la cámara baja del Congreso estadounidense.

Pensamos que los senadores y el presidente de nuestro principal socio comercial y gran amigo del pueblo nicaragüense, deberían, a la hora de decidir, analizar bien los efectos económicos y sociales de la Nica Act.

Solo saber que la ley afectaría desembolsos de fondos externos a Nicaragua, permite deducir que habría menos construcción de obras públicas de infraestructura y menos programas sociales financiados con cooperación externa. En palabras sencillas, equivaldría a menos empleo, menos dinero circulando en el comercio y más gente con necesidades básicas insatisfechas, porque la construcción de una carretera, por ejemplo, provee ingresos a miles de familias vía salarios y a miles de comerciantes vía demanda de productos varios.

Cerca de US$300 millones aportaron a Nicaragua el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) el año pasado; y tanto el BID como el BM han elogiado la ejecución de los proyectos que financian en este país. Sin embargo, estos dos organismos multilaterales reducirían los fondos a esta nación o atrasarían los desembolsos, debido a las nuevas condiciones que impondría la ley.

Ha costado sacar adelante la economía de Nicaragua, desde hace 26 años cuando quedó destruida por la guerra. Si consideramos que el bienestar de la mayoría de los habitantes depende del crecimiento constante de la economía del país, cerca de 5% en los últimos años, concluiremos que es ilógico sacrificar a la mayoría de la población por un problema político que debería resolverse sin tener que destruir pilares importantes de la estructura económica nacional.

Sin menoscabo de lo anterior, los nicaragüenses debemos exigir a nuestros gobiernos, incluyendo el actual, que continuemos el trabajo que se inició en los años noventa, de fortalecer la democracia representativa y la institucionalidad, la independencia y balance de los poderes del estado, la prevalencia de la ley, las reglas claras y permanentes, el respeto a la propiedad privada y la reducción de la burocracia y la corrupción. Todos estos son elementos indispensables para continuar con el crecimiento y desarrollo económico y la estabilidad que dicho desarrollo genera en el mediano y largo plazo.

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