Fredy Franco*
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Hace 50 años, el 5 de octubre de 1966, se aprobó en París, en la Conferencia Intergubernamental Especial de la Unesco,  la “Recomendación relativa a la situación del personal docente”, como una declaración que “reconoce el papel esencial del personal docente en el progreso de la educación” y  al que se le debe “asegurar una condición que esté acorde con ese papel”.

Dado el sentido reivindicador y dignificante de dicho instrumento jurídico internacional, es que se celebra el 5 de octubre como el Día Mundial del Docente, instrumento que sigue vigente en muchos aspectos fundamentales, siendo asumido por las organizaciones sindicales de educadores, para luchar por sus derechos.

En dicho instrumento internacional se establece los aspectos básicos de los que llamamos la carrera docente, las responsabilidades (deberes) y los derechos, la organización de los docentes y su participación en la adopción de decisiones relativas a la educación, las condiciones necesarias para que la enseñanza y el aprendizaje sean eficaces, la seguridad social, principalmente.

Ello sirvió de referencia para que los Estados atendieran con mayor importancia la educación y el concebir la docencia como carrera de alta importancia, y que “debería reconocerse que el progreso de la educación depende en gran parte de la formación y de la competencia del profesorado, así como de las cualidades humanas, pedagógicas y profesionales de cada educador”.

Claro, porque la otra parte del progreso educativo  depende del propio estudiante, del aporte de la familia, del Estado y de la sociedad en su conjunto, para hacerlo realidad.

Con ese instrumento se abrió en el mundo, con más fuerza, la concepción de la profesión docente como actividad de alta sensibilidad para la formación de las personas, y donde los docentes debían contar con las condiciones plenas para poder cumplirla.

Ese periodo de fines de los años 60 y la década de los años 70 fue de importantes luchas y avances para la educación y los derechos de los educadores en el mundo, que comenzó a ser afectada con el establecimiento de políticas neoliberales entre los años 80 y 90 del siglo XX hasta nuestros días, que incluyó su privatización y afectaciones importantes a los derechos docentes.

En el caso de Nicaragua, la lucha del magisterio nacional estuvo presente en aquel periodo, luchando por sus derechos y para  la victoria de la revolución sandinista de 1979, que hizo realidad los derechos del pueblo a la educación y donde se avanzó en los derechos de los docentes, en su empleo y estabilidad, su superación y en su protagonismo como sujeto educativo y social.

Luego los gobiernos neoliberales, entre 1990 al 2006, provocaron la privatización de la educación y un gran retroceso educativo, que afectaron igualmente los derechos de los docentes. Pero se resistió dichas políticas y a partir del 2007 se volvió pública la educación y se ha avanzado en los últimos 10 años en inclusión social, calidad y pertinencia en la educación nacional, con el claro compromiso del Gobierno del comandante Daniel Ortega de que la educación es fundamental para salir de la pobreza y lograr el pleno desarrollo humano.

Igualmente se ha avanzado en los derechos de los docentes, principalmente en su protagonismo educativo, la superación del empirismo, avances sustantivos en la profesionalización y formación posgraduada, mejoras en sus condiciones de trabajo y salariales, incluida la de los docentes universitarios,  que han contado con el aseguramiento pleno del 6%, que ha dignificado la labor docente y fortalecido la educación superior pública nicaragüense.

*Profesor Titular UNAN-Managua. 
Secretario General Federación de Profesionales Docentes de la Educación Superior de Nicaragua (Fepdes).

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