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Se están conociendo con más frecuencia en Nicaragua casos de tráfico de personas migrantes, en que los llamados “coyotes” o traficantes violan las leyes del país al meter por las fronteras o trasladar dentro del territorio nacional a extranjeros indocumentados que a la vez,  por esas mismas razones, son expuestos a diferentes riesgos, incluida la muerte, durante su tránsito por Centroamérica en busca de la frontera sur de Estados Unidos.

Es preocupante porque así como aumenta el flujo de esos migrantes, que suelen entrar al istmo por Panamá, también aumentan las formas delictivas con que los “coyotes” los trasladan por Nicaragua, la nación que más controles ha ejercido ante esta modalidad de tráfico de personas, un delito internacional que ha dejado miles de víctimas en otros países y que ha degenerado en bandas organizadas de criminales que cometen otros delitos graves, como tráfico de drogas, secuestros y extorsión.

Situaciones trágicas que han sido frecuentes en México y algunas zonas de Estados Unidos, como Arizona y Texas, donde los traficantes no solo han despojado de dinero a migrantes indocumentados sino que les han abandonado en el desierto o encerrados en camiones herméticos o vagones de trenes, casi condenados a morir, podrían empezar a ocurrir en Centroamérica si las autoridades no ponen mano fuerte a este tipo de crímenes.

La Policía nicaragüense rescató en la última semana a 97 migrantes africanos que estaban hacinados en dos furgones, donde en cualquier momento podían sufrir daños físicos o morir asfixiados. Entre ellos había 14 niños y 23 mujeres.

Recordemos que en agosto pasado diez migrantes haitianos fueron hallados muertos en el lago Cocibolca de Nicaragua, en la desembocadura del río Sapoá, cerca de la frontera con Costa Rica.

Son parte de las víctimas de ese tráfico de personas que ahora ejecutan redes de criminales a lo largo de Centroamérica.

Para las Naciones Unidas, este tráfico es una forma de esclavitud moderna y por eso ha establecido un protocolo para “prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas”, y otro contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, los que complementan a la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada transnacional.

La Policía y el Ejército de Nicaragua cumplen con su función al perseguir e impedir el tráfico de migrantes, primero por una razón de ley: Ningún extranjero puede entrar al país de forma ilegal; y segundo, por una razón humanitaria: el tráfico de migrantes es una acción criminal que en ocasiones conduce a daños físicos y hasta la muerte de personas que, trasladándose en la ilegalidad, confían en los "coyotes".

Por tanto, ningún ciudadano, ningún partido político y ningún medio de comunicación, que nos consideremos respetuosos de la ley, podemos estar a favor o fomentando el traslado de migrantes ilegales, aunque sea en nombre de la solidaridad, porque estaríamos fomentando la criminalidad, con las nefastas consecuencias que eso puede tener en el orden público en el corto plazo y la criminalidad y la inseguridad en el mediano y largo plazo.

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