Adolfo Miranda Sáenz
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La Embajadora de EE. UU. en Nicaragua, Laura Dogu, recientemente explicó que el proyecto de ley presentado ante la Cámara de Representantes del Congreso de EE. UU. por diputados encabezados por la cubano-estadounidense Ileana Ross Lehtinen, ya caducó, y por consiguiente no existe. Si quisieran tendrían que volverlo a presentar. Ese proyecto de ley fue creación de Ileana Ross Lehtinen después de denuncias que fueron a presentar ante ella los políticos del grupo de opositores que antes estuvieron en la desaparecida Coalición Nacional por la Democracia (que afirmaba ser la única verdadera oposición) la cual se desintegró y entre los grupos en que se dividió están el movimiento Ciudadanos por la Libertad (que está tramitando su personalidad jurídica como partido político para participar en las próximas elecciones) y el Frente Amplio por la Democracia (que encabeza el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), y que optó por no entrar en la lucha política por la vía cívica electoral).

Fue después de reunirse con aquella delegación de políticos nicas que esa congresista creó un proyecto de ley conocido como Nica Act, el cual caducó porque no se completó su trámite en el Congreso antes de finalizar la pasada legislatura. La Nica Act pretendía que el Gobierno de EE. UU. se opusiera en los organismos internacionales (como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a la aprobación de financiamiento a proyectos presentados por Nicaragua ante tales organismos donde los EE. UU. tienen voto. El proyecto mandaría al Presidente de EE. UU. considerar si el Gobierno de Nicaragua había dado o no pasos positivos en el tema de democracia y elecciones libres antes de que el representante de ese país votara a favor o en contra del financiamiento de proyectos nicaragüenses ante los citados organismos.

Mientras caducaba la Nica Act por falta de impulso en el Congreso de EE. UU., en Nicaragua se iniciaba un hecho trascendental para nuestra institucionalidad, democracia y elecciones libres. Se inició un proceso de diálogo y posteriormente se suscribieron importantes acuerdos entre el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y el Gobierno de Nicaragua, que conducen a la realización de elecciones observadas por la OEA y la participación de este organismo desde ya en un proceso para mejorar nuestras leyes y procedimientos democráticos y garantizar elecciones libres, transparentes, verificables y observadas de principio a fin por la OEA, empezando con la próxima elección de autoridades municipales y regionales en noviembre de este año, y continuando ese proceso más allá.

Es improbable que se vuelva a presentar la Nica Act ante el Congreso de EE. UU., y si acaso se presenta sería muy difícil su aprobación, y –además- suponiendo que se aprobara sería muy improbable su aplicación, pues en relación a los asuntos políticos de los países de América Latina –con excepción de Cuba- el Gobierno de EE. UU. generalmente ha actuado en el marco de la OEA y no al margen de ella. Eso mismo es lo que el Gobierno presidido por Trump está haciendo con Venezuela declarando su total respaldo a la OEA y dando un claro apoyo al Secretario General, Luis Almagro, en sus gestiones. En los asuntos latinoamericanos –fuera de Cuba- el Congreso de EE. UU. también actúa generalmente en sintonía con el Presidente y el Secretario de Estado; y los países de Europa aliados de EE. UU. también actúan con la OEA como principal referente político para América Latina. Es evidente que a nivel internacional el tema político de Nicaragua hoy está en la cancha de la OEA. Analizando también los intereses de EE. UU. en materia de narcotráfico y migración vinculados al desarrollo y la estabilidad regional, podemos concluir que los EE. UU. no irán más allá de la OEA en cuanto a Nicaragua.

* Abogado, periodista y escritor.
www.adolfomirandasaenz.blogspot.com