Jorge Guerra
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Las redes sociales se han convertido en una herramienta importante para la comunicación mundial. A través de ellas se comparten fotos, videos, contenidos educativos o culturales. Estos espacios constituyen así una plataforma para visibilizar los problemas que originan malestar en los ciudadanos, tales como la pobreza, los robos y la violencia en general. 

Las redes sociales son, pues, el instrumento contemporáneo para la denuncia social. Ha sido en este contexto que, hace un mes, leí una denuncia en Facebook —publicada por una joven universitaria— acerca de la violación supuestamente cometida por un compañero de clases suyo, tres años atrás. Incluyendo nombre y apellido, arriba de la denuncia se encontraba la foto de un joven con cabello negro, piel clara y una gran sonrisa. Había un mensaje claro que acompañaba la foto: “Violador, tengan cuidado, me violó. Compartan la imagen”. Como lluvia que cae en pleno invierno, los comentarios se vertían en apoyo al testimonio de la joven. Entre las opiniones más comunes estaban frases como “Maldito violador”, “Hay que compartir la imagen”, “Esos individuos no deben existir”. Fue cuestión de minutos para que el rostro del joven se publicara en otros muros de Facebook con la acusación de “violador”.

Al inicio me dieron ganas de compartir la imagen, pero noté que nadie se atrevió siquiera a plantear la posibilidad de indagar la versión del señalado. Por otro lado, la Ley establece que todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La corriente de opiniones colectivas me sugería invertir este principio: ¿sería una persona culpable hasta que se demuestre lo contrario? Ejecutando este principio invertido, la opinión pública jugó el papel de policía, fiscal y juez. El joven fue declarado culpable en una especie de juicio sumario e inquisitorio, solo visto en sociedades donde imperan las fuerzas de la costumbre y de la solidaridad colectiva.

Personas que luchan por la justicia social y por un mundo equitativo —ante tanta desigualdad y violencia— juzgaron la acusación, no con base en una investigación, evidencia y juicio penal, sino mediante el solo testimonio de la presunta víctima. Como consecuencia, de forma factual, procedieron a inculpar públicamente al joven de la foto.

Es un error pensar que la justicia funciona a través del linchamiento público. La justicia, si bien también es eso, es la forma en que se dirimen los conflictos de acuerdo con una serie de derechos, obligaciones y métodos científicos que operan en conjunto para encontrar una decisión ante la denuncia de la víctima. Ello no es una simple cuestión de forma, sino el poder demostrar con evidencias sólidas —más allá de toda duda razonable— las acusaciones de una lesión o daño. Así como se procede en estos espacios, sin defensa, sin investigación y sin evidencia, ¿qué igualdad se apoya en ello? ¿Qué diferencia hay entre la difamación y la denuncia? ¿Cómo resolver los delitos si no se denuncian ante las instituciones?

Algunas personas plantean que ante los recurrentes delitos de violaciones no sería extraño que otro hombre protagonice una violación. La falacia de esta idea es insostenible cuando se aplica con otros delitos, por ejemplo, el robo y su vínculo con las clases más desposeídas. Siguiendo los mecanismos de este argumentum, la mayoría de ladrones es, por regularidad, de extracción marginal; por ende se concluye que el próximo detenido, de algún barrio pobre, será por defecto culpable. Para cada delito hay factores individuales, territoriales y socioeconómicos, y no se puede concluir la culpabilidad de alguien sin una investigación previa.

Estos tipos de fenómenos que se generan en las redes nos demuestran cómo una imagen construida durante años puede ser menoscaba en instantes. Observando tal situación, es necesaria e imprescindible la denuncia de cualquier delito en las instituciones correspondientes. De lo contrario, los derechos civiles y humanos de los individuos están siendo amenazados constantemente. Por ello, el Estado-Derecho juega un papel importante para la equidad. 

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