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El pueblo catalán está en un proceso de independencia, impulsado a través del llamamiento al voto este 1° de octubre. Está sustentado en la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad. Ha chocado con resistencia inflexible del gobierno que preside Mariano Rajoy, cuyas medidas confirman que la esencia de la Constitución de Francisco Franco sigue vigente.

El dictador gobernó con mano de hierro al país. Existen cifras que apuntan que alrededor de 150,000 personas murieron entre 1936 y 1943; según historiadores y documentos desclasificados esto se dio en tiempos de Guerra Civil y violencia generalizada, donde padecieron republicanos, otros opositores y miembros de organizaciones políticas o sindicales.

En aplicación de una estrategia política, cultural, social, económica y laboral, se aplicaron multas, incautación de bienes, embargos de cuentas bancarias, despidos de puestos de trabajo, inhabilitaciones laborales y profesionales. Se anuló la libertad de expresión mediante la censura a los medios de comunicación, junto con la prohibición de reunión y la prisión o muerte como medida. La represión fue el estandarte.

Coherente con tal legado, Mariano Rajoy ha ordenado un paquete represivo que incluye la obligación para los alcaldes investigados por avalar el referéndum, de presentarse a declarar ante juzgados y Fiscalía, so pena de sanción.

Ha ordenado suspender la autonomía financiera de Cataluña, para tomar el control de sus cuentas, al solicitar estrictamente a los bancos todos los movimientos del Ejecutivo catalán, condicionando el pago de sueldos a miles de funcionarios, servidores públicos y proveedores.

La Guerra Civil se dio a la tarea de incautar miles de carteles de propaganda de la Generalitat, notificaciones para mesas electorales, etc., registros en empresas de distribución, imprentas y medios de comunicación, con detenciones arbitrarias.

Tal actitud se parece al régimen fascista, al requisar las fuerzas de seguridad las urnas, papeletas y propaganda; cerraban sitios web informativos del referéndum y prohibieron actos a favor de la consulta.

Han implementado la sustracción de tarjetas censales y notificaciones electorales, incrementando el registro en medios de comunicación e imprentas, optando por medidas dirigidas a atemorizar con la censura, bloqueo o el cierre. Prueba de ello es cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, advirtió a la televisión pública catalana (TV3), limitar su información del referéndum de autodeterminación.

Por su parte La Generalitat, que se instaló definitivamente este jueves en una posición de desobediencia, insiste en la continuación del proceso, interponiendo un recurso ante el Tribunal Supremo que evitaría perder su autonomía financiera.

El vicepresidente del sistema autónomo catalán, Oriol Junqueras, explica que el congelamiento de cuentas lo hacen con el fin de acabar con la autonomía de Cataluña. Tal decisión se puede tomar mediante el Artículo 155 de la Constitución, lo que exigiría un debate previo y la votación de la mayoría absoluta en el Senado.

Muchos sectores de España, apoyan la lucha por los derechos civiles de Cataluña y líderes internacionales advierten sobre el camino que puede tomar este proceso si no se recurre a la prudencia.

En el caso de que se impida la votación por medio de la violencia estatal, es muy factible que la situación interna se agrave y obligue a un estado de excepción, toque de queda y mayor agresión, debido a la previsible respuesta de la ciudadanía catalana.

El diferendo Cataluña-España, no se reduce a una evolución histórica compleja desde la Edad Media, sino precisamente a la lamentable decisión del Tribunal Constitucional que en 2015 rechazó el nuevo Estatuto de Autonomía que había sido aprobado por: el Gobierno y Congreso de España; por el Parlamento catalán; y los ciudadanos en un referéndum.

El único camino razonable, propio de los estadistas serios es concertar un diálogo para avanzar en proyectos que garanticen el bienestar de España y la autonomía justa de Cataluña.

* Diplomático, Jurista y Politólogo.

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