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Lamentablemente la violencia contra las mujeres no da tregua. En el ámbito familiar 7 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia (física, psicológica, sexual o económica) por parte de su pareja. Aún más alarmante es que de 37 casos de femicidios en el corriente año, 23 fueron perpetuados por parejas o exparejas de las víctimas. 

Una forma de aminorar este fenómeno es procurando que a mujeres que conviven con una pareja violenta, se les brinde recursos necesarios para separarse y salir del complicado círculo de violencia. Proporcionándoles el apoyo moral, legal, económico y psicológico adecuado.

Salir del círculo de violencia se torna aún más complicado cuando existen hijos e hijas de por medio. Las normas culturales de Nicaragua alientan a las madres a no separarse por el bien de la familia debido a percepciones erróneas que dictan que ellas son la base del hogar y por tanto la separación es un fracaso personal e implica la destrucción de sus familias. En ocasiones, personas cercanas a la víctima le aconsejan aceptar las disculpas de su agresor por el bien de sus hijos e hijas.

Estas percepciones están basadas en evidencias falsas. Investigaciones realizadas muestran que quedarse dentro del hogar conviviendo con un agresor representa un peligro latente para todos quienes ahí habitan. Las consecuencias de la violencia en la vida y salud de la víctima son graves. Animar a una mujer a aguantar en pro de sus hijos e hijas no es lo correcto para ninguno. Aun si los menores no son víctimas directas de violencia intrafamiliar, existe un impacto negativo en sus vidas.

Ya que a las madres se les adjudica el rol de principales cuidadoras de los menores, cualquier evento que las perjudique a ellas repercute sobre los niños y niñas. En Nicaragua, la posibilidad de morir durante la infancia es seis veces mayor en menores cuyas madres son agredidas por sus parejas, de acuerdo a la OMS.

Datos recientes obtenidos de la Encuesta Nacional Demografía y Salud evidencian que en Nicaragua las mujeres embarazadas asisten en menor medida a los chequeos prenatales cuando su pareja controla su autonomía y movimiento. El Minsa establece que se debe garantizar mínimo cuatro chequeos prenatales para prevenir problemas de salud en la madre y su bebé. 

Investigaciones en otros países concluyen que existe un alto riesgo que los niños y niñas sufran diarreas, fiebres, malnutrición y enfermedades respiratorias si sus madres son víctimas de violencia de pareja. También apuntan a que el estrés, producto de maltratos disminuye la producción de leche materna, lo cual se traduce en un peligro para los lactantes.  

Sabemos que salir de una relación abusiva no es nada sencillo. Algunas mujeres no cuentan con suficientes redes de apoyo o dependen económicamente de su pareja. Además, muchas temen las repercusiones que algunos de sus agresores podrían tomar. 

Ante esto, las autoridades deben cumplir con los mecanismos de atención como el artículo No. 21 de la ley 779, el cual estipula medidas de protección a las víctimas, como la promoción de albergues y grupos de ayuda. Asimismo existen organizaciones de mujeres que brindan apoyo legal y psicológico donde las víctimas pueden avocarse a pedir ayuda. 

Cabe destacar, que todos nosotros tenemos la responsabilidad de acuerpar y apoyar a las víctimas para salir del círculo de violencia y para mantenerlas alejadas del maltratador. No podemos justificar la idea de que las familias deben mantenerse juntas en casos de violencia, porque atentamos contra la integridad y la vida de las víctimas directas: las mujeres. Pero también, ponemos en riesgo al futuro de nuestro país, a los niños y niñas, quienes además de sufrir física y psicológicamente, presentan una alta probabilidad de continuar con el círculo de violencia al repetir estos patrones durante su vida adulta.

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