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La Asamblea Nacional discutirá esta semana las reformas a las leyes 677 y 428, la primera de fomento a la construcción y el acceso a vivienda de interés social y, la segunda, que regula el fin y el funcionamiento del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur). El dictamen de la comisión parlamentaria de Infraestructura ya fue presentado a la directiva, y una vez aprobado por el plenario el país habrá dado un paso importante para el beneficio de una mayoría de nicaragüenses.

Cuando se habla de déficit habitacional debemos entender algo más que la falta de un local físico para que viva una familia, porque el concepto vivienda abarca una casa digna, cómoda y segura, que además garantice la privacidad familiar, según lo define la Constitución de la República en su capítulo sobre derechos sociales.

Las reformas, que esta semana serían aprobadas por el Poder Legislativo, beneficiarán a varios sectores sociales y económicos. Quienes viven en condiciones precarias podrán optar a viviendas de interés social, valoradas hasta en US$40 mil, y recibirán del Estado un subsidio equivalente a US$800 en la tasa de interés, durante el primer año. Estas familias, que hasta hoy solo pueden acceder a una casa de 60 metros cuadrados, podrán adquirir una de 71 metros.

Otro segmento, que ya se definiría como clase media, podrá acceder a casas con precios de hasta US$50 mil, bajo el concepto de vivienda multifamiliar, y recibirá del Estado un subsidio equivalente a US$1,250, durante el primer año.

El Gobierno también mantendrá los subsidios, de hasta US$2,000, para quienes construyan o mejoren sus viviendas de interés social.

A nivel macro, el sector construcción saldrá favorecido y un efecto de su mayor dinamismo será la creación de más empleos. Considerando que en las actividades de construcción es donde se paga hoy el mejor salario mínimo, C$8,445.44, habrá un impacto positivo en los ingresos de muchos hogares. Además, la construcción propicia mucho empleo indirecto en tanto demanda productos y servicios de otros sectores industriales y comerciales.

Se estima que con estas reformas habrá un crecimiento del 20% en la construcción y la adquisición de viviendas con precios entre US$32 mil y US$50 mil. Hasta el año 2016, el Sistema Financiero nicaragüense había invertido US$638 millones en crédito hipotecario y ocho de cada 10 casas financiadas están en el rango de hasta US$50 mil.

Según el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), el estrato que busca casas entre US$32 mil y US$50 mil representa el 20%, pero está desatendido por falta de oferta de viviendas con ese parámetro de precios. Algo novedoso de las reformas es la promoción de construcciones verticales, donde los nicaragüenses podrían adquirir viviendas unifamiliares y multifamiliares con subsidios estatales, en un nuevo concepto habitacional que impulsan las empresas urbanizadoras, sobre todo en Managua.

Consideramos que estos ajustes a las leyes que regulan la vivienda social, serán de mucho beneficio para familias trabajadoras que desean progresar, para la economía nacional por el impulso a la construcción y para la seguridad ambiental de ciudades, como Managua, donde habrá menos riesgos naturales en la medida que urbanizaciones seguras vayan sustituyendo asentamientos improvisados.

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