Harold Rizo
  •   Managua, Nicaragua  |
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La situación del abuso sexual hacia la niñez en Nicaragua es alarmante. Según datos de Medicina Legal  entre 2013 y 2015, de los peritajes realizados por casos de abuso sexual, un 82 por ciento tenían como víctima a niñas, niños y adolescentes menores de dieciocho años.

Un dato bastante  elevado que nos debería hacer reflexionar sobre un hecho que es real y que en muchas ocasiones pasa desapercibido. Las y los nicaragüenses tenemos la particularidad de vociferar o realizar catarsis a través de las  redes sociales frente a incidentes que afectan a ciertos ciudadanos, como el caso de PriceSmart, en el que un centenar  de personas compartieron el video, otro tanto cortó sus tarjetas de membresía y varios marcharon frente a la sucursal de Bolonia, lo que sin duda,  se reconoce como un gesto  loable de participación ciudadana.

Sin embargo, en la últimos meses se han registrado varios casos de abuso sexual hacia niñas y niños,  femicidios con premeditación y secuelas sicológicas que afectan a la  sociedad, como el asesinato de la joven de Carazo, cuyo cuerpo apareció a orillas de una playa del Pacífico y, para mi sorpresa, no he visto el mismo nivel de repudio e indignación en los medios sociales.

Ante esta percepción, reflexiono y me pregunto ¿por qué los nicaragüenses no reaccionamos con el ímpetu, compromiso, rechazo, molestia y repudio que en otros casos?, ¿será que estamos inmersos en una burbuja que no nos permite discernir entre lo esporádico y lo realmente trascendental?, ¿o es que estamos naturalizando la violencia y viendo esta epidemia  como un asunto “normal”?

El abuso sexual contra las niñas, niños y adolescentes es una de las peores formas de violencia y de vulneración a los derechos de estas personas, otra es el sufrimiento y daño irreparable a su integridad física, síquica y moral. 

Las  secuelas y los daños marcan toda su vida,  privacidad,  la intimidad y, principalmente, se vulnera el derecho a la protección de todo tipo de violencia, abuso, explotación o malos tratos.

Es meritorio destacar que el Estado nicaragüense es signatario de estos derechos, mismos que se encuentran protegidos a nivel internacional por la Convención sobre los Derechos del Niño y a nivel nacional por el Código de la Niñez y la Adolescencia o Ley 287. 

Considero que esta indolencia  de las y los nicaragüenses no es justificable  y no podemos inferir que somos  inmunes ante esto porque es un problema que puede tocar nuestras puertas. Datos de Unicef y del Instituto de  Medicina  Legal (IML)  destacan que en la mayoría de estas situaciones el abuso es cometido por un familiar, un conocido o persona de confianza para la familia.

Entonces por qué en lugar de quedarnos  en  promover un activismo en redes sociales, no damos un paso sólido, fuerte y nos unimos para hacer propuestas enfocadas en la educación y prevención de la violencia, en el endurecimiento de las sanciones establecidas en el Código Penal para que las penas a los agresores sean más fuertes y  reeducativas. O quizá  sumarnos a iniciativas  donde la labor de incidencia y concienciación, sobre el tema está siendo una realidad. 

El primer paso inicia por acciones individuales que  pueden hacer posible cambios reales en una sociedad violenta, no solo a nivel de Nicaragua, sino a nivel mundial,  donde el flagelo de la violencia afecta  a más de mil millones de niñas, niños y adolescentes en  todo el mundo.

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