Natalia Chávez Arróliga
  •   Managua, Nicaragua  |
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El Registro Público de la Propiedad Inmueble,  en Managua, cuenta con nuevas y cómodas instalaciones, en las que empezó a operar desde el pasado 19 de octubre. Sin duda, un avance a nivel infraestructural, que viene a facilitar la tramitación de asuntos registrales para el sector empresarial y en general para todos los usuarios de dicha institución. 

El denodado y loable esfuerzo institucional surgió de la apremiante necesidad de cambiar un modelo de servicio, cuyas deficiencias comenzaban en el aspecto de infraestructura, afectando a un universo de más de 500 usuarios por día, quienes tenían que gestionar sus asuntos registrales en condiciones de cuasi hacinamiento,  en un local que resultaba inapropiado para tal efecto.

A ello se aunaba la aún pobre actualización catastral y registral de los inmuebles, lo cual incide en que la realidad extrarregistral, en muchas ocasiones difiere de la realidad registral o formal que publicitan los registros públicos. Por ejemplo, a menudo encontramos una finca inscrita a nombre de determinada persona, cuando en la práctica esta misma finca ha sido objeto de enajenaciones que incluso implican desmembraciones u otros cambios sustantivos que ameritan actualización del asiento registral o bien una anotación marginal de índole especial. 

Sin embargo, en no pocos casos, tales modificaciones no son oportunamente registradas, alterando con ello el Principio de Tracto Sucesivo como norma rectora primaria de todo Registro Público, el cual exige y supone que el historial jurídico de cada finca figure en este sin solución de continuidad.

Así pues, el Principio de Tracto Sucesivo o de previa inscripción exige que cada acto dispositivo se verifique en un asiento independiente y que el acto que pretende inscribirse derive de otro previamente inscrito, de tal manera que el Registro refleje las transmisiones en perfecta sucesión.

La continuidad sin interrupción en la titularidad registral determina que todos los actos relativos a una misma finca consten en el Registro, denotando la realidad jurídica.

Las nuevas instalaciones del Registro de la Propiedad constituyen parte del proceso de modernización integral en materia de registro de propiedades inmuebles, lo cual trae consigo, entre otras bondades: agilizar la atención a los usuarios y reducir los niveles de burocracia; superación de obstáculos que enfrentaban las empresas y primordialmente  garantizar la seguridad jurídica e institucional de los usuarios nicaragüenses y extranjeros que deseen invertir en el país.

En la base del aludido proceso integral de modernización registral, y de cara a la superación sistémica de las debilidades existentes en el ámbito de la propiedad, este 9 de marzo, la Asamblea Nacional aprobó unánimemente, en su totalidad, la Ley 826, “Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense” referido en su Artículo 4, numeral 22 a la Materia de Propiedad Inmueble, con miras a garantizar seguridad jurídica, principio del derecho universalmente reconocido, basado en la “certeza del derecho”, tanto en su publicidad como en su aplicación, y que significa la seguridad de que se conoce o puede conocerse lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder público.  

El aludido Códex unifica en un solo cuerpo lex, 30 normas vigentes, 12 consolidadas, un instrumento internacional y 543 normas sin vigencia, ante la existencia de numerosas reformas que dificultan saber qué ley podés aplicar, en otros casos te aplican una ley que no está vigente, a fin de que exista seguridad jurídica en el tema Registral en Nicaragua, proporcionando a las y los operadores de justicia un ordenamiento de leyes vinculadas a la materia, solidificando la función primordial de los Registros Públicos como lo es la publicidad de los instrumentos susceptibles a este, lo cual se traduce en el mejoramiento, actualización y evolución de los servicios registrales.

El esfuerzo implicó el análisis, depuración, ordenamiento  y consolidación de 1,600 leyes que datan desde 1821 hasta la actualidad, para proporcionar a los ciudadanos leyes actualizadas bajo un solo compendio que le dé un marco de seguridad jurídica al tema de la propiedad, que genere confianza, transparencia y fortalezca el Estado de Derecho en nuestro país, teniendo como objetivo primordial: “generar confianza y seguridad a la inversión extranjera y nacional”.

* Abogada y notaria pública.

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