28 de diciembre de 2007 | 20:12:00

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Jurisprudencia Constitucional Ambiental en Costa Rica: Caso Ruido

Doraldina Zeledón Úbeda | Opinión



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Es interesante y motivador tener cerca, geográficamente, alguna jurisprudencia sobre ruido. Nuestros vecinos del sur no tienen una ley especial para prevención y control de la contaminación acústica, pero hacen respetar su derecho constitucional a un “ambiente sano y ecológicamente adecuado”, mediante la aplicación de diferentes normativas jurídicas, como el Recurso de Amparo. Esto se puede ver en el libro: “Aspectos conceptuales y jurisprudencia constitucional ambiental de los principios precautorio y preventivo”, del abogado Álvaro Sagot Rodríguez. Para el control del ruido cuentan, además de la Constitución, con la Ley Orgánica del Ambiente, Ley General de Salud, Código Penal, el Reglamento para el Control de la Contaminación por ruido (Decreto Ejecutivo No. 28718-S del 15 de junio de 2000), y supletoriamente, la legislación laboral, mediante el Reglamento de Control de Ruido y Vibraciones.

El libro está organizado en cinco secciones, en la primera aborda conceptualmente los principios de prevención y precaución. En las siguientes, la aplicación de estos principios a resoluciones sobre ruido, botaderos de basura y rellenos sanitarios; áreas protegidas; recursos hídricos; biodiversidad, minería y paisaje.

La sección segunda está dedicada a la contaminación acústica. Se citan una serie de resoluciones de la Sala Constitucional, que van desde reconocer que no existen normativas suficientes, ni un plan de reducción del ruido, hasta señalar que los organismos competentes, al no aplicar las medidas que la ley prescribe, coadyuvan en la violación de los derechos fundamentales: “De manera que a juicio de esta Sala, la omisión de la Municipalidad recurrida en ejercer las potestades regulativas que la ley le otorga a este ente, sobre negocios comerciales como el que nos ocupa, se traduce en una coadyuvancia en la violación de los derechos fundamentales de la recurrente, tutelados en los artículos 24 y 50 de la Constitución Política.”

La Sala Constitucional considera que la planificación urbanística es fundamental para el control del ruido: “…resultaría conveniente para controlar el ruido, contar con una clara planificación urbanística, que en el mejor de los casos, incluya mapas de ruidos, necesarios para identificar por zonas, los valores medios de ruido y que brinden información sonora para un mejor conocimiento de la realidad física, social y económica de una determinada zona.” También destaca que las actuaciones preventivas del Ministerio de Salud son fundamentales para proteger el derecho a la tranquilidad.

El libro incluye una sentencia sobre el derecho a la intimidad y a la tranquilidad, relacionado con el ruido: “Esta Sala en su jurisprudencia ha señalado que la realización de ciertas actividades que eventualmente generen contaminación sónica, se encuentran limitadas a su vez por el derecho a la intimidad y el respeto a un ambiente sano de quienes viven en sus cercanías (…) Consecuentemente, el que las autoridades no hayan tutelado este derecho, permitiendo el funcionamiento de una actividad que era dañina a esa tranquilidad, les hace responsables de esa desprotección.”

En cuanto al tráfico, se puede apreciar la limitación que hace al ruido del tren: “Se ordena al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, lo siguiente: a- Tomar las medidas técnicas pertinentes para reducir a límites razonables el ruido que produce la bocina del ferrocarril. Sobre todo en los horarios matutino y nocturno. Lo anterior sin poner en riesgo la seguridad vial”.

Es interesante ver la claridad con que la Sala Constitucional de Costa Rica aborda el tema de las actividades religiosas, ante un recurso interpuesto en contra del Ministerio de Salud, que ordenó acondicionar el local para reducir al mínimo las molestias por contaminación sónica: “… si bien es cierto que la Constitución Política garantiza la libertad de cultos y la libertad de asociación y reunión, el ejercicio de tales derechos no es irrestricto. La salud es un derecho fundamental de los ciudadanos y es deber del Estado ejercer su tutela.” La Sala también señala que los recurrentes no tenían permisos sanitarios ni autorización oficial para su funcionamiento.

En Nicaragua, la Ley de delitos ambientales hace excepciones para las congregaciones religiosas, sin importar la salud, la tranquilidad y los derechos humanos. Y el nuevo Código Penal aprobado por la Asamblea, retrocede con respecto al anterior y remacha lo que dice la Ley.


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