En este artículo, trataremos de hacer un análisis desde la perspectiva socialista de la situación política en Honduras, derivada del golpe de Estado reciente. Cristina Kirchner, presidenta actual de Argentina, de tendencia peronista, acuñó el término de “golpe benévolo” para calificar el proceso de apartar por la fuerza a un presidente impopular, para darle al país un nuevo gobierno por medio de elecciones con supervisión internacional. En su discurso ante la OEA, el 4 de julio, la presidente Kirchner, con la intervención más elocuente sobre el tema, condenó el golpe bajo la tesis de que toda intervención del aparato político para reordenar el gobierno –cualquiera que sea su ideología- debilita la democracia, y da pie a la represión posterior de ese aparato político en contra de la población. Citó con emoción, a este respecto, la historia reciente de Argentina de los últimos cincuenta años, con decenas de miles de desaparecidos en cada golpe militar.

En apariencia, su tesis emotiva es formalmente correcta. Pero, revela, en el fondo, un método esquemático de análisis de la realidad social. Un político socialista no confía la fuerza o debilidad de la democracia a esquemas o a reglas de sucesión de gobiernos, sino, a cambios en la correlación de fuerzas entre las clases sociales. De ahí, que la posición política socialista deba responder siempre a un contenido de clase en el análisis de la situación concreta, y no a una visión formal que refleja en esencia la ideología dominante, en la cual predomina sobre las contradicciones el ideal del poder representativo, más agradable para el statu quo.

Un presidente aislado como estaba Mel Zelaya, hasta el punto de tener en contra a todas las instituciones del Estado, al Parlamento, al Poder Electoral, a la Corte Suprema de Justicia; hasta llegar a enfrentar la oposición de su propio partido, así como a la inmensa mayoría de la población, a los medios de comunicación e incluso a la iniciativa privada, estaba constreñido a comportarse como un mimo, que a fuerza de mímica creaba la ilusión de ejercer el poder político en el reino de la fantasía.

Por ello, el golpe militar en contra de Zelaya ocurre en silencio. Como en un escenario donde prevalece la ficción. La banda presidencial no hace más que pasar de un bando a otro, bajo un reflector que se pasea en la abstracción formal de los conceptos democráticos. De modo que la escena del retorno de MEL el domingo 5 de julio, que se frustra con un simple camión en la pista de aterrizaje, es el epilogo ingenuo de la misma parodia burocrática.

En realidad, no hay ni a favor de MEL ni a favor de Micheletti la pasión activa de las masas. Con este traspaso azaroso del poder, la correlación de fuerzas de las clases sociales no cambia ni un ápice. Ello es lo esencial. E indica que es un conflicto en el ámbito estrictamente burocrático, que para los funcionarios internacionales tiene seguramente una relativa importancia; distinta, sin embargo, a la que percibe el pueblo trabajador.

El golpe, en este caso, no es un drama que haga retroceder el movimiento de los trabajadores a punta de fusil, como fue el ataque a la Moneda en tiempos de Allende.

Los golpistas, por instinto de clase, saben que deben dirigir sus primeras medidas de fuerza a reprimir a la población, aunque éstas estén cansadas del populismo soso de Zelaya. El elemento represivo, que coarta en primera instancia la libertad de expresión, desenmascara el carácter reaccionario elemental del golpe. Lo que no indica, por ello, que el presidente derrocado tuviese un programa mínimo de carácter progresista.

Kirchner en su discurso puramente formal, que interpreta linealmente la historia en el plano de la superestructura, no percibe los cambios en la capacidad de los trabajadores de influir concientemente en las contradicciones decisivas, lo que es indispensable para calificar los hechos históricos como flujos o reflujos del movimiento democrático de masas.

Por su lado, el profesor Cornelio Hopman escribe en un artículo de opinión, en la edición del primero de julio de EL NUEVO DIARIO, que nada faculta a irrespetar las reglas acordadas y a salirse de los procedimientos establecidos. Por ello, se pregunta el Dr. Hopman: ¿se respetó el debido proceso establecido en la Constitución para destituir a Zelaya? Sin tal respeto, no hay Estado de Derecho, y no hay democracia.

No hay democracia sin sujeto histórico progresivo. Obviamente, el profesor Hopman profesa, con relación a la democracia, una ideología conservadora, puramente conceptual, y al margen del caso concreto del golpe en Honduras, se desorienta jurídicamente ante la más mínima posibilidad teórica de transformación progresiva del sistema imperante por la acción directa de la población. Todas las libertades democráticas formales, el voto popular, el voto de la mujer, la jornada laboral de ocho horas, el derecho a organización sindical, la igualdad racial, la libertad de religión, la autodeterminación de las naciones coloniales, etc., se han conseguido en las calles, violentando “las reglas establecidas y el debido proceso” impuesto hasta ese momento.

Lo que se debate en Honduras, para un socialista, no es un problema de democracia, ni de principios. En nombre de principios democráticos y de abstracciones como reglas y procedimientos debidamente establecidos, encuentran puntos de unión todas las minorías que se benefician con el orden actual basado en la concentración desigual de la riqueza.

Así vemos a los caudillos, con gobiernos bonapartistas que coartan en los hechos las libertades democráticas de la población para perpetuarse en el poder como medio de enriquecimiento personal, que se vuelven abanderados del respeto al poder constituido (por intereses propios que se derivan de su condición de funcionarios). Y mezclan la demagogia populista –y su reelección a cualquier precio- con invocaciones abstractas al debido proceso y a la democracia, lo mismo que los ideólogos reaccionarios que prepararon el golpe en Honduras, que lo justifican con idénticos conceptos sobre la Constitución y el respeto de la voluntad popular. Ambos bandos difieren en matices de procedimientos democráticos, pero, coinciden en la defensa de los intereses del orden social constituido que les permite ejercer el poder.

Los trabajadores de Honduras deben luchar contra la amenaza a las libertades democráticas que representa Zelaya y su proyecto de reelección, simplemente, para abrirse un camino propio en el escenario político. Lo mismo que ahora deben enfrentar a los golpistas, para lograr espacios propios de participación como fuerza política independiente.

Desde el punto de vista de los principios socialistas, la democracia no pasa por el retorno de Zelaya al poder –ni de ningún caudillo-, sino, al contrario, por la confianza de las masas trabajadoras en sí mismas. Y se desarrolla la democracia con la ejecución de un programa propio de los trabajadores, que aproveche cualquier crisis en la forma de dominación, para adelantar por medio de la movilización política organizada las reivindicaciones de los sectores más oprimidos. Las libertades democráticas para las masas deben servir a este fin progresivo –no para restablecer en el poder (por respeto a las reglas) a ningún caudillo, como piensa el profesor Hopman y la burocracia internacional.

Si un golpe de Estado significa un retroceso para el movimiento de masas, este hecho será negativo para todo socialista, si en cambio debilita y fractura el poder hegemónico de las clases dominantes, y abre alternativas para conquistas ciudadanas, entonces, a pesar de la ideología de sus actores, es progresivo. No hay posiciones en abstracto en política, que se determinen como válidas al margen de la lucha de clases. Una movilización política independiente, que aproveche esta crisis de poder para inducir cambios que mejoren las condiciones de sobrevivencia de los trabajadores (que ahora se ven obligados a emigrar), es una expresión democrática infinitamente más importante para el pueblo hondureño, que restablecer en el poder al señor Zelaya por la presión internacional.

*Ingeniero eléctrico