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En los últimos días, la noticia de cabecera es el diferendo con Costa Rica, a raíz del proyectado dragado de una parte del Rio San Juan, fronterizo con el hermano país del Sur. Para los que desconocen este tipo de operaciones, el dragado es un proceso de limpieza del fondo del río, extrayendo el sedimento acumulado para incrementar su profundidad a fin de aumentar la capacidad de transporte de agua y facilitar el tráfico pluvial, evitando el riesgo de encallamiento. Esta operación es una decisión del gobierno de Nicaragua, a la que tiene absoluto derecho en tanto somos dueños soberanos de la totalidad del Rio San Juan. Hasta aquí, todo está correcto.

Sin embargo, existen algunas aristas que dejan un margen de duda de las verdaderas intenciones del Presidente Ortega con la repentina crisis desatada, que coincidentemente llegan en un momento en que la legitimidad de las últimas acciones del gobierno está seriamente cuestionada, tanto a lo interno como a lo externo. El primer elemento es de carácter formal, si esta operación es superior a los 2.5 millones de dólares, ¿ha sido licitada a como lo establece la ley? ¿Cuántas empresas participaron en la licitación? ¿Existe un pliego base para la licitación? ¿Cuándo fue anunciada? ¿En qué parte del Presupuesto Nacional o del MTI está incluido dicho gasto?¿ Qué sabe de esto la Contraloría General de la República?

El segundo elemento tiene que ver con las competencias de los que están a cargo del dragado. Una obra de este tipo, generalmente es encomendada a empresas especializadas, con vasta experiencia, altísima capacidad tecnológica y responsabilidad profesional. En Latinoamérica están presentes empresas de dragado que representan el 80 % del mercado mundial de esta industria, siendo estas: Boskalis Internacional BV (Holanda); Dredging Internacional BV (Bélgica); Jan de Nul (Bélgica); Great Lakes Dredge & Dock (USA) y Ballast Han Van Oord (Holanda). Por declaraciones de quienes están al frente, el dragado durará entre dos y tres años. ¿Es esto razonable para una operación de este tipo? Al final, ¿cuánto será el costo real de la misma? ¿Cuánto hubiera durado y costado con empresas de experiencia a nivel mundial y altamente calificadas como las mencionadas?
¿Cuál es la capacidad de dragado de la Draga Soberanía? ¿De cuántos pies será la profundización del lecho del río? ¿Cuántos kilómetros del río serán dragados? ¿Qué experiencia previa tiene la empresa que está a cargo de esta operación?

El tercer elemento está alrededor de la empresa a cargo del dragado. Según el señor Edén Pastora Gómez, delegado del Presidente Ortega en el Departamento de Río San Juan y quien dirige la obra, la draga, construida en Nicaragua, cuesta más de 20 millones de córdobas, financiados por empresas ligadas a la omnipresente ALBA. Este financiamiento, ¿es en calidad de préstamo? ¿A qué plazo? ¿A qué interés? Fue préstamo al gobierno central, ¿o es un préstamo personal señor Pastora? Si es al gobierno central, ¿pasó por la Asamblea Nacional para ser aprobado por los diputados? ¿Hay alguna relación entre la empresa que financia la draga, con el proyecto de construcción de la Hidroeléctrica Brito? ¿Quiénes son los dueños de la empresa? ¿Es privada o es estatal?

Un cuarto elemento es el repentino descubrimiento de que finqueros ticos, que tienen propiedades desde hace años en la zona fronteriza, son narcotraficantes. Si esto es así y conociendo la estrecha relación de trabajo entre la DEA y las fuerzas dedicadas a combatir al narcotráfico por parte de la Policía Nacional, ¿por qué  tardaron tantos años en hacer semejante descubrimiento? ¿Informaron a las autoridades costarricenses que estos ciudadanos ticos estaban dedicados a la narco actividad, a como seguramente lo establecen los protocolos? Las propiedades en mención, ¿están en territorio nacional o en territorio tico?

Un quinto elemento: ¿por qué después de casi cuatro años de gobierno, hasta ahora se acordó el Presidente Ortega de ejercer la soberanía en esta parte de nuestro territorio? El fallo de La Haya de julio del 2009 ratifica el sumo imperio de Nicaragua sobre el Río San Juan, siendo aceptado en su totalidad y recibido con beneplácito por Costa Rica, de acuerdo a las noticias de ese entonces. ¿Por qué, entonces, recurrir al patrioterismo cuando no está en juego la soberanía del Rio San Juan? ¿No hubiera sido más fácil informar a la Presidenta Chinchilla de los trabajos de dragado que se iban a efectuar? ¿No hubiera sido más conveniente invitar a las autoridades costarricenses a realizar una visita a la zona, para ver en el lugar los trabajos a realizar?

Existen muchas interrogantes en esta situación, que no hacen más que abrigar la sospecha de que se trata del aprovechamiento oportunista de una crisis convenientemente creada en un momento propicio, que deja réditos políticos al Presidente Ortega, sabiendo que el Rio San Juan es lo único que uniría a su impopular gobierno con la inmensa mayoría de los nicaragüenses. Difícilmente alguien se pondrá del lado de los ticos en una situación en que la soberanía de nuestro país esté en juego, so pena de ser acusado hasta de traición a la patria. Daniel Ortega ha comprobado que un buen manejo de las crisis le da excelentes resultados en términos de mejoramiento de su imagen política, tal a como fue demostrado con las lluvias del mes pasado y reflejadas en las dos encuestas realizadas en el mes de octubre y no tendrá empacho en crear nuevas crisis, hasta llegar a las elecciones del 2011, con la seguridad de que esto le dará más popularidad y mayor fortaleza al sentimiento de inevitabilidad e invencibilidad con que pretende abrumar a todos los nicaragüenses que rechazamos su reelección. 
 
No hay que olvidar el manejo perverso de la agenda política que a nivel nacional hace el presidente Ortega para manipular la opinión pública nacional. Ya nadie se acuerda del agravio a la Iglesia Católica hecha por personeros del Gobierno, acción que lastimó la conciencia de la inmensa mayoría del pueblo católico y le ganó una inmensa antipatía que había que restablecer, ya que son pocos los que creen que haya sido una acción individual de Roberto Rivas. Pasó a segundo plano el llamado irregular que este mismo personaje hizo a los partidos políticos, para inscribir la “pre matrícula” de estos, a fin de participar en las elecciones nacionales del 2011 y tratar de legitimar a un Consejo Supremo Electoral espúreo.

Cuidado y esta crisis mediatiza a la opinión pública y nos trae de regalo, de la mano de Arnoldo Alemán, ALN y el BUN, las reformas constitucionales, que entierren de una vez por todas, el futuro electoral de Nicaragua. 

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