La declaración patrimonial de los funcionarios públicos es un mecanismo preventivo de actos de corrupción, pero aunque este deber está contemplado en la Constitución Política y en la Ley de Probidad, en Nicaragua su cumplimiento es pírrico, además, no hay voluntad para aprobar un Código de Ética de la Función Pública que está dictaminada desde diciembre de 2010.

Así coincidieron expertos constitucionalistas y en probidad luego de conocer el estudio “Declaraciones patrimoniales en Nicaragua”, que presentó la investigadora Dayra Valle Orozco, del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Ieepp.

La Ley de Probidad, en su artículo 6, inciso “h”, define la declaración patrimonial como “el informe que rinde el servidor público (…) acerca de sus bienes, los de su cónyuge, acompañante en unión de hecho estable, hijos o hijas menores de edad que estén bajo su responsabilidad legal”.

Mayoría no cumple
Además, el artículo 130 de la Constitución dice en su segundo párrafo que “todo funcionario del Estado debe rendir cuentas de sus bienes antes de asumir su cargo y después de entregarlo”.
Sin embargo, según el estudio de Valle Orozco, aproximadamente el 75 por ciento de los servidores públicos no cumple con esa obligación, siendo más frecuente el incumplimiento en el ámbito municipal.
Indica también que los funcionarios alegan desconocimiento de ese deber o que el área de recursos humanos de su entidad no les notificó. Otro problema, dice el estudio, “es la no determinación del universo de obligados”, es decir, “no se conoce con exactitud la cantidad de servidores que entran y salen de la Administración Pública”.

Contraloría manos arriba
Otro hallazgo importante del estudio es que la Contraloría General de la República, como ente garante de la Ley de Probidad, sólo cuenta con 8 personas en su Dirección de Probidad para monitorear a aproximadamente 8 mil servidores públicos.

Valle Orozco hizo la pregunta “¿por qué los servidores no declaran?” y algunas de las respuestas señaladas son: la CGR no cuenta con capacidad coercitiva para hacer cumplir con la obligación o para que ésta se dé en los plazos previstos por la ley, no hay interés de parte del servidor público de presentar en tiempo y forma su declaración, la ética pública sigue siendo un tema pendiente en la Administración nicaragüense y no hay capacidad de seguimiento y control efectivo de las declaraciones en su totalidad.

Código de Ética complementario, pero “estancado”
La presidenta de la Comisión de Probidad y Transparencia de la Asamblea Nacional, diputada Miriam Argüello, señaló por su parte la necesidad de la aprobación del dictamen del Código de Ética de la Función Pública, pues dijo que hasta el momento los mandatos sobre declaraciones patrimoniales son sólo “preceptos”, como “idealismo”.

Argüello afirmó que la Constitución es clara en cuanto a las causales y procedimiento de destitución del Presidente de la República, de los diputados y de los ministros, pero que en el caso del Consejos Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia no. “Todo queda en la Constitución y en la Ley de Probidad, en el aire”, aseveró.

En ese sentido, dijo que el Código es más amplio e incluso aseguró que este no sólo vela por el buen manejo de los fondos públicos, sino que establece la obligatoriedad de respetar la Constitución y las leyes de la República.

Argüello hizo un fuerte llamado a la sociedad civil a “preocuparse porque este Código entre en vigencia, ya que lo tienen estancado en la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, aunque la Comisión (de Probidad y Transparencia) ha hecho de todo para que lo pasen a la Orden del Día”.

Uno de los objetivos de ese Código es regular y establecer las disposiciones referidas a la conducta ética de los funcionarios públicos del Estado, sea cual fuere su condición, en el ejercicio de sus funciones, según expuso el doctor Sandino.