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  • Matilde Córdoba y Ary Pantoja
Antes de que termine noviembre, los diputados ante la Asamblea Nacional pondrán punto final al Código Penal y una nueva era iniciará en Nicaragua. La derogación del aborto terapéutico y la diferenciación entre el lavado de dinero por narcotráfico y por corrupción, son algunos de los puntos polémicos de este Código, que promete llenar muchos vacíos legales.

Para María Asunción Moreno, penalista y catedrática de la Universidad Centroamericana (UCA), el Código Penal que entrará en vigencia el año próximo da respuesta a nuevas formas de delincuencia que en el Código vigente no están incluidas, pues fue inspirado en el Código español de 1800 y aprobado durante la administración de Anastasio Somoza Debayle, en 1974.

En el Capítulo XVII, sobre el lavado de dinero, bienes y activos, hay un artículo que podría darle la libertad al ex presidente Arnoldo Alemán, quien fue condenado a 20 años de prisión por lavado de dinero. Su condena, sin embargo, no está firme, porque Alemán interpuso un recurso de amparo y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no se ha pronunciado al respecto.

Según Moreno, técnicamente está bien que se haga la aclaración entre el lavado de dinero vinculado a la narcoactividad, el lavado de dinero que proviene de la corrupción y el de la delincuencia económica.

Cuando el lavado de dinero que se le imputa al acusado proviene de corrupción o de la legitimación de capitales, como se le denomina en otros países al lavado por delincuencia económica, las penas son de cinco años, en cambio, si proviene del narcotráfico son de veinte.

El caso Alemán

El ex presidente Arnoldo Alemán (1996-2001) fue condenado en diciembre de 2003 por lavado de dinero, fraude, malversación de caudales públicos y asociación para delinquir en perjuicio del Estado.

Pero como el delito de lavado de dinero que está contemplado en el Código Penal vigente es referido al narcotráfico, y el que supuestamente cometió Alemán proviene de la corrupción, el nuevo Código, al establecer las diferencias, le da las bases legales para lograr su libertad. Explica la jurista que en las legislaciones de otros países, las penas para los que cometen este delito suelen ser igual de bajas que la que está contemplada en Nicaragua.

Moreno descarta que este artículo del Código esté hecho a la medida de Alemán, porque, argumenta, la idea de cambiar el Código empezó desde 1999. “La coyuntura legislativa le ha beneficiado, no se puede detener la modernización porque se beneficie a dos o tres personas si le da tantas bondades a la sociedad”, expresa, y agrega que la diferenciación entre los tres tipos de lavado permitirá a los jueces dar un tratamiento más adecuado.

Si la defensa de Alemán aprovecha la oportunidad, como seguramente lo hará, pedirá la liquidación de pena, pues el reo ya cumplió los cinco años. Además del Código Penal, Alemán tiene la Constitución a su favor. El artículo 38 de la Carta Magna dice que la “ley no tiene efecto retroactivo, excepto cuando favorece en materia penal”. Con estos argumentos el ex presidente podrá gozar de su libertad sin que nadie le llame reo.

Un paso adelante

Moreno, quien ha llevado paso a paso la elaboración del Código Penal, considera que en términos generales el Código está bien hecho. “Recordemos que es como el catecismo social. Nos dirá qué podemos hacer bien y qué no”, expresa.

Un ejemplo de los males que aunque son comunes no estaban penados, son los delitos contra la seguridad de tránsito. El artículo 326 establece que quien conduzca cualquier tipo de vehículo --aéreo, terrestre o acuático, dedicado al transporte colectivo o servicio público-- bajo los efectos de fármacos, drogas o bebidas alcohólicas, será sancionado con prisión de seis meses a tres años y privación del derecho de conducir u operar vehículos por el mismo tiempo.

Pero así como el Código Penal incluye artículos que representan un gran avance para la sociedad, hay otros donde las penas son desproporcionadas. El artículo 236, sobre el aprovechamiento indebido del fluido eléctrico, agua y telecomunicaciones, castiga a los que hagan conexiones ilegales con penas que van de uno a tres años.

El favorcito a Unión Fenosa

Según Moreno, este delito ya está contemplado en gran parte de los países de la región, pero “probablemente la pena esté muy alta, sobre todo porque el perjuicio es de tres salarios”.

“Quien por medio de una conexión ilegal o alterando los sistemas de control y medición obtenga o utilice para sí o para un tercero los servicio de agua, electricidad o telecomunicaciones u otros servicios públicos, con perjuicio para la empresa suplidora o de otro usuario, por un monto mensual igual o superior a tres salarios mensuales del sector industrial, será sancionado con pena de prisión de uno a tres años, y de cien a trescientos días multa”, reza el artículo 236.

Otra pena desproporcionada es la establecida en artículo 355, según la cual el que induzca o promueva el consumo de estupefacientes o psicotrópicos será sancionado con penas de cinco a diez años de prisión.

En pocas palabras, en Nicaragua castigarán con más dureza al que con su indumentaria promueva el consumo de marihuana, por ejemplo, que al presidente de la República que malversa fondos del erario y después lava el dinero.

Morir o ir a la cárcel

Si hay algo que lamentar en el nuevo Código Penal es la derogación del aborto terapéutico. “Nos dejaron dos opciones a las mujeres y dos a los médicos”, explica la especialista en Derecho Penal, María Asunción Moreno. Las mujeres con riesgos quirúrgicos tendrán que escoger entre morir o ir a la cárcel. Los médicos, en cambio, sólo tienen una opción: la cárcel.

“El médico que deja morir a una mujer comete homicidio imprudente o culposo porque pudo salvarla y no lo hizo”, dice Moreno, quien considera que las más perjudicadas serán las mujeres de estratos socioeconómicos bajos, que no pueden ir a otro país a realizarse el aborto terapéutico, y los médicos que trabajan en los hospitales públicos, que es donde se tiene mayor control.

Si los legisladores no revierten esta situación, la única opción que tienen los médicos es alegar el caso de necesidad, que significa que el médico tuvo que escoger “el bien jurídico más importante”. “Pero el médico tendrá que enfrentar la justicia y demostrar su inocencia. Y después, ¿quién le restituye el prestigio a ese profesional?”, cuestiona Moreno Castillo.

El cabildeo

Además de la penalización del aborto terapéutico, uno de los puntos que causó controversia durante la discusión y aprobación del nuevo Código Penal fue la definición de las sanciones carcelarias para el delito de lavado de dinero; pero más allá de las penas, lo que realmente causó asombro fue la rapidez con que abogados, funcionarios y políticos en general, asociaron las nuevas sanciones con un beneficio para el ex presidente Arnoldo Alemán.

El siete de diciembre de 2003, Alemán se convirtió en el primer condenado a 20 años de prisión por el delito de lavado de dinero conforme a la Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y Otras Sustancias Controladas (Ley 285). Su abogado, Mauricio Martínez, argumentó hasta la saciedad que su cliente no podía ser enjuiciado por este ilícito dado que no tenía origen en el narcotráfico.

Fue así como los diputados decidieron diferenciar en la nueva legislación penal el lavado de dinero “simple” y el lavado de dinero producto del crimen organizado, que incluye al narcotráfico y el terrorismo; dos tipos diferentes con un mismo origen y con penas disímiles.

Con justa razón o no, el delito de lavado “simple” quedó sancionado con penas mínimas de cinco años de cárcel, y máximas de siete. El presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Pallais, defendió la tesis de que una vez en vigencia, el defensor de Alemán podrá invocar el nuevo Código Penal para beneficiar a su cliente.

Tomando en cuenta que la “vacatio legis” (prórroga de vigencia) para la nueva legislación podría ser de entre seis meses y un año, para entonces Alemán habría cumplido “en prisión” lo estipulado, por lo que automáticamente podría salir en libertad.

“Hay que recordar que la Constitución Política establece que la ley no puede ser retroactiva, excepto cuando favorece al reo”, explicó Pallais. Aunque Pallais lo ha negado, hay quienes encuentran mucha suspicacia en las sanciones establecidas; otros juristas consideran que lo único que hizo el Poder Legislativo fue adecuar las sanciones de acuerdo con otros países de América Latina.

Más suspicacias

Casualidad o no, lo cierto es que Alemán podría estar “libre” en un año o menos, cuando el Código Penal entre en vigor, aunque de hecho nunca ha estado en prisión, pues Martínez argumentó que Alemán era valetudinario, y logró el beneficio de la convivencia familiar.

Recientemente, el diputado Pallais fue mencionado como posible candidato a ocupar una magistratura en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Una fuente ligada al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), expresó que el cargo sería “un premio” de Alemán por el trabajo realizado con el Código Penal.

Sin embargo, Pallais se apresuró a desmentir tales aseveraciones, y, por el contrario, aseguró que pretende quedarse en la Asamblea Nacional hasta concluir su período como diputado en 2012.

Más bien, Pallais atribuyó la información a “rumores malintencionados” de personas que, según él, quieren verlo fuera del Parlamento, aunque no señaló a ninguna persona en particular.

Pese a la negativa, Pallais no descartó que en un futuro --cuando concluya su período de diputado--, aspire a un cargo en la Corte Suprema, pero de momento insistió en que pretende quedarse en el Poder Legislativo.

A inicios del próximo año vence el período a ocho magistrados del Poder Judicial, y el PLC pretende conservar cuatro de los cargos, lo mismo que el Frente Sandinista.

Si las reformas constitucionales con las que se pretende instaurar un sistema parlamentario se aprueban antes que termine el año, y Pallais aspira a la magistratura judicial, podría convertirse en un magistrado vitalicio, tomando en cuenta que la propuesta de reformas del PLC incluye esta figura.
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